La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) ha emitido las resoluciones que permiten a Neoenergia Renováveis y a Ibitu Energia la instalación y operación de plantas solares por 558,21 MW y 450 MW, respectivamente.
La potencia instalada operativa de la energía solar fotovoltaica superó, en julio de 2022, a la de las centrales termoeléctricas de gas natural y biomasa, convirtiéndose en la tercera fuente de la matriz eléctrica nacional, sólo por detrás de la hidráulica y la eólica.
Âmbar Energia, la empresa de soluciones energéticas del Grupo J&F, ha anunciado la puesta en marcha de la planta Âmbar Saltinho, de 5,174 kWp, en el estado de São Paulo.
El gobierno del estado de Mato Grosso do Sul, en el centro sur de Brasil, abre consulta pública para recoger sugerencias y contribuciones a la mejora del llamado Proyecto de Asociación Público-Privada, para la implementación, el mantenimiento y la operación de plantas solares.
El uso de baterías para el almacenamiento de energía ya es competitivo para los consumidores en aplicaciones detrás del contador, en el arbitraje de energía, según la consultoría Greener.
El gobierno del distrito federal de Brasil ha llamado a convocatoria para la selección de proveedores de servicios a fin de que se construya una planta solar de aproximadamente 500 kWp, que inyectará en el sistema de distribución. A partir de allí, diferentes zonas de la ciudad recibirán puntos de suministros para coches eléctricos.
Los datos recopilados por Absolar, la asociación de la industria fotovoltaica brasileña, sitúa el total de capacidad instalada de esa tecnología en 16,4 GW, el 69% correspondiente a generación distribuida y el 31% a la centralizada.
El Consejo de Administración de la Itaipu Binacional, el organismo conformado por representantes de Paraguay y Brasil que gestiona la represa homónima, estudia aumentar la capacidad instalada de la hidroeléctrica con fuentes de energías renovables, entre ellas una solución con paneles fotovoltaicos flotantes.
La Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco Mundial, ha firmado el primer préstamo llamado «superverde», que combina el uso tradicional de los ingresos «verdes» con características de financiación vinculadas a la sostenibilidad, para una empresa de distribución de energía en América Latina.
El Estado invertirá casi 40 millones de dólares en generar su propia energía a través de una licitación para la generación de energía sostenible para los edificios públicos, con un contrato de concesión de 28 años.
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