Como se anunció el viernes pasado, esta semana se han publicado las bases previas de una licitación de 100 megavatios de energías renovables, de los cuales 60 megavatios corresponden a proyectos fotovoltaicos.
Un proyecto solar de 100 MW para el que ya se ha cerrado un acuerdo con la eléctrica puertorriqueña AEE cuenta también con terreno en caribeña de Puerto Rico.
Hasta el próximo 10 de octubre estará abierto el registro de EPE para inscribir proyectos energéticos para la subasta A-5 que se celebra el 13 de diciembre en Brasil.
El Parque Solar Carrera Pinto, ubicado en la provincia chilena de Copiapó, en la región de Atacama, ya está oficialmente en construcción. La inversión para este proyecto asciende a $310 millones.
Entre el 1 y el 5 de octubre, los comercios e industrias portorriqueñas podrán solicitar incentivos de hasta el 40% para la instalación de sistemas de energías renovables. La convocatoria para particulares se abrirá en noviembre.
Con la instalación de un nuevo sistema fotovoltaico de 40 kW de potencia, la empresa energética tiene ya un total de 151 kW solares en régimen de autoconsumo en sus instalaciones. La nueva planta solar tuvo un coste de $113.000.
El Ministerio de Hacienda de China ha prometido desgravaciones fiscales a los muy endeudados fabricantes locales. A partir de octubre podrán recuperar de manera inmediata la mitad del IVA. La medida se prorrogará hasta diciembre de 2015.
El programa de conferencias de la 28ª EU PVSEC dio comienzo el lunes en París sin muestras de verse afectada por la crisis del sector solar. La UPM de Madrid se hace con el premio Becquerel de la Comisión Europea. Los pabellones de exposición abren sus puertas mañana martes.
El concurso contempla la contratación de un total de 100 MW en proyectos de energías renovables, de los cuales más de la mitad serán fotovoltaicos. Las centrales solares, que tendrán una potencia de al menos 5 MW, deberán estar operativas un año después de la firma del contrato de compraventa de electricidad.
La Comisión Europea da un plazo de dos meses para comunicar las medidas que adoptarán para alcanzar el objetivo 20/20 e incorporar la directiva europea en las legislaciones nacionales. El próximo paso será el Tribunal de Justicia europeo.
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