Actualmente la IRENA tiene 152 países miembros y cerca de 30 países son en proceso de adhesión.
En una entrevista con pv magazine, Camilo Belmar, director de la asociación solar chilena Acesol describe la posible trayectoria de las tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica aplicadas a la solar y las renovables en Chile. La falta de una normativa adecuada es actualmente el mayor escollo para el desarrollo de los sistemas de almacenamiento. A corto plazo, es indispensable mejorar el sistema de licitaciones y la tramitación para este tipo de proyectos.
Las inversiones globales en las tecnologías limpias aumentaron un 3 % hasta alcanzar los 330 mil millones de dólares en 2017.
La planta solar Santiago, localizada cerca de la capital del país, venderá energía eléctricas a los distribuidores locales y al mercado mayorista.
En total, el gobierno brasileño ha precalificado proyectos de biomasa, eólicos, solares e hidroeléctricos con una capacidad combinada de 48,7 GW para el certamen.
El gobierno de Brasil está evaluando el estudio de factibilidad para la fábrica Green Silicon de 1,7 GW, realizado por Fraunhofer IPA, Fraunhofer ISE, Viridis-iq y ZSW de Alemania en 2015. El proyecto está siendo desarrollado por el productor local de energía hidroeléctrica Itaipú en asociación con la asociación de la industria del estado brasileño de Paraná, y cuenta con el apoyo de la asociación industrial alemana Solar Cluster Baden-Württemberg.
Los préstamos tendrá una tasa de interés variable entre 5,27 % y 5,86 %, según el tamaño de las inversiones.
La solar llegó a representar alrededor un 0,62 % de la capacidad total de generación instalada en el país.
El único avance que prevé el gobierno boliviano para la energía solar en 2018 es la construcción de la central fotovoltaica Oruro, de 50 megavatios.
Debido a la falta de incentivos directos, la fotovoltaica residencial y comercial está tardando en afianzarse en el país andino. Como solución, unos estudiosos de la Universidad Politécnica Salesiana recomiendan la aplicación de un esquema de tarifas de inyección y la adecuación del marco jurídico para la generación distribuida.
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