CEPAL publica su informe Avances en materia de energías sostenibles en América Latina y el Caribe 2017

Según el documento sobre los avances en materia de energías sostenible en América Latina y el Caribe (ALyC) publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región está realizando importantes esfuerzos con el fin de alcanzar la universalización del acceso a la energía eléctrica, la brecha se ha ido acortando cada vez más, y la mayor parte de las zonas que aún quedan sin electrificar son las de más difícil acceso.

“De mantenerse las actuales tasas de incremento se podría alcanzar el objetivo de cobertura eléctrica total fijado para el 2030 por la Iniciativa Sustainable Energy For All (SE4ALL) y establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
No obstante, la subregión Caribe presenta un retraso relativo importante y el crecimiento de la cobertura experimentada en los últimos años se ha ralentizado significativamente: de los 7 millones de habitantes sin acceso a la electricidad de la región, 6.5 millones residen en Haití.
Desde hace más de 2 décadas, ALyC es la región del mundo que presenta la menor intensidad energética y también las tasas de reducción más bajas. Las mejoras frecuentemente se deben a una disminución en el uso de la leña y su reemplazo por fuentes más eficientes como el gas, y también por la adopción de programas de fomento a la eficiencia energética.

Como aspecto positivo, la región ocupa el primer lugar mundial en cuanto a la participación de fuentes modernas renovables de energía en el mix eléctrico. Si bien la evolución de dichas fuentes muestra una leve tendencia decreciente, importa resaltar el importante crecimiento que viene experimentado la región en el desarrollo de las energías renovables no convencionales y también hidroeléctricas, lo que genera expectativas favorables para que dicha tendencia pueda revertirse.

En cuanto a las políticas públicas de fomento al desarrollo de la Eficiencia Energética en la zona, los países presentan grados de avances muy dispares. Por ejemplo, México y Brasil han ido consolidando sus marcos institucionales y regulatorios de apoyo a las actividades de eficiencia energética. En cambio, en la mayoría de los países de ALyC los avances han sido más lentos o se encuentra en etapas muy incipientes.

Otro dato que destaca el informe son las políticas públicas de fomento al desarrollo de las ERNC en América Latina y el Caribe: existe un creciente interés de los países en la búsqueda de la autosuficiencia energética y el desarrollo de recursos energéticos autóctonos y limpios.

Gracias a ello, en los últimos años se han creado y aprobado numerosas políticas y leyes destinadas a fomentar las ERNC: al menos diez países tienen leyes o estrategias nacionales en este ámbito, y otros siete cuentan con leyes específicas en función de la tecnología empleada.

Por otro lado, casi todos los países de la región han establecido objetivos en materia de ERNC y en la mayoría se han promulgado leyes en este ámbito. Dichos objetivos proponen una trayectoria para la evolución futura de la matriz energética, en la cual se establece el nivel de desarrollo que se propone para las energías renovables y su respectivo cronograma.

Al menos 14 países han creado fondos o mecanismos públicos para financiar proyectos de ERNC. Los incentivos fiscales constituyen otro de los mecanismos de apoyo al desarrollo de las ERNC más utilizados en la región, y al menos 18 países los aplican. El informe también recoge que el balance neto y las disposiciones de acceso preferente a la red han ido ganando terreno en los últimos años.

Las subastas constituyen el instrumento normativo más popular para el desarrollo de las ERNC en América Latina, y no las tarifas reguladas, como lo han sido en otras partes del mundo. Para evitar que los oferentes tiren tanto abajo los precios que finalmente sean incapaces de concretar los proyectos, la mayoría de los mecanismos de subastas exigen a los oferentes la presentación de garantías financieras de fiel cumplimiento del contrato.

Algunos países de la región como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay, aplican políticas en materia de balance neto y autoconsumo que se focalizan particularmente en los sectores residenciales y de pequeña escala, pero en algunos casos como México y Uruguay, también incluyen programas a escala industrial.

En la región se observa una gran variedad de incentivos fiscales aplicados al desarrollo de las ERNC. Entre los más utilizados están: las exenciones impositivas, depreciación acelerada, y otros beneficios como la estabilidad fiscal. Las exenciones fiscales pueden incluir el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre los recursos, etc.; y se pueden plasmar bajo la forma de una reducción o eliminación de impuestos, devoluciones, deducciones y créditos fiscales, o diferentes calendarios de pago. Las exenciones fiscales, por lo general, se aplican a los servicios y equipos, y a los gastos de preinversión relacionados con proyectos de energías renovables, así como a los ingresos por venta de electricidad.

En lo referente a las políticas de acceso a las redes, varios países han estipulado en sus normativas la aplicación a las energías ERNC de descuentos y exenciones del pago de tarifas de transmisión, despacho preferente y transmisión prioritaria.

Existen también otras políticas y mecanismos de apoyo como los requisitos de contenido local y de evaluación de los impactos sociales y medioambientales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social.