Ante los planes del gobierno español de publicar próximamente los parámetros de un nuevo marco retributivo para las instalaciones fotovoltaicas en operación, la organización española convocará movilizaciones en distintos puntos de la geografía española y una gran manifestación en Madrid. También anuncia acciones a nivel internacional.
Bruselas propone reducir hasta 2030 las emisiones de CO2 al 40% y fija una cuota vinculante del 27% para el conjunto de la Unión Europea, pero prescinde de objetivos nacionales y de eficiencia energética.
La central tendrá una potencia de entre 4 y 5 MW y estará localizada en el departamento de Pando. El presupuesto se sitúa en $11 millones. Se prevé que la planta esté operativa en agosto.
La comisión someterá a investigación la exención del canon a las energías renovables a la industria de elevado consumo eléctrico para evaluar si es acorde con la legislación europea de competencia.
Las modificaciones introducidas a la Constitución no contemplan un apoyo específico a las energías renovables. Centrada en el sector de los hidrocarburos, la reforma también establece cambios para la empresa eléctrica paraestatal CFE.
Expertos del sector de las energías renovables han defendido en Madrid la base jurídica que existe para las reclamaciones en tribunales nacionales e internacionales frente a la reforma energética que prevé aprobar el gobierno español.
El presidente de Estados Unidos ha establecido objetivos escalonados para los próximos años con un mínimo del 10 % de la demanda de electricidad cubierta con renovables en el año 2015 en los edificios de las agencias federales.
Los datos oficiales apuntan a que se cumplirá el objetivo de 10 GW solares de acumulado marcado para finales de este año
El acumulado se sitúa en 257,6 megavatios en conjunto, mientras que la potencia de sistemas fotovolaicos de microgeneración se mantiene en unos 117 megavatios.
Los aranceles pasan a ser definitivos por un plazo de dos años. Este anuncio se realiza en el marco del acuerdo alcanzado con China hace unos meses. Serán gravados, entre otros, los módulos solares de las empresas que no se acojan al acuerdo.
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