El actual Gobierno de Colombia busca ampliar las fuentes de energía renovable no convencional para reducir su dependencia de la energía hidroeléctrica. En condiciones hidrológicas normales a altas, Colombia satisface aproximadamente el 80% de la demanda energética del país a través de plantas hidroeléctricas, lo que hace que el sistema sea vulnerable a las condiciones climáticas de sequía y conduce a la volatilidad de los precios al contado. Sin embargo, el eventual desarrollo de las energías renovables no convencionales tiene el potencial de reducir el despacho y posiblemente reemplazar las formas menos eficientes de generación de electricidad, como las centrales eléctricas de fuel y algunas plantas de gas natural de ciclo simple.
Las recientes subastas de energía renovable no convencional podrían ayudar a diversificar la matriz de generación eléctrica del país y a reducir los costos del sistema. A finales de 2019, el gobierno adjudicó cerca de 2.500 MW de proyectos solares y eólicos, principalmente en la región del Caribe nororiental del país, que se espera que entren en funcionamiento durante 2022-2023. Además, el presidente, Iván Duque, anunció que el país lanzaría una nueva subasta para instalar 5 GW renovables en 2021.
La corporación financiera estadounidense Fitch Ratings ha publicado un informe según el cual, la mayoría de los proyectos adjudicados no entrarán en funcionamiento según lo previsto debido a problemas de transmisión entre la costa del Caribe y la región central del país.
“La red eléctrica de esta zona se ha visto obstaculizada por cuellos de botella en la transmisión que, históricamente, han dificultado el acceso a la electricidad rentable. Si bien estos proyectos, en su mayoría eólicos, tienen fechas de operación comercial (COD) en 2022 y 2023, Fitch espera que no cumplan con estos plazos debido a los retrasos en las expansiones de las líneas de transmisión para conectarlos a la red eléctrica del país”, afirma la entidad.
El grueso de los proyectos de transmisión ha sufrido importantes retrasos debido a las dificultades para obtener las licencias medioambientales y a que algunos proyectos no se han terminado o ni siquiera han empezado a consultar a las comunidades locales afectadas. “La pandemia de coronavirus pesa sobre el progreso de estos proyectos.”, añade Fitch.
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