El legislador puertorriqueño Héctor Ferrer ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que impida un “impuesto ilegal sobre la generación solar privada en los tejados” en Puerto Rico.
En una carta del 24 de enero dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; y al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer; Ferrer dijo que una propuesta de cargo por kWh sobre la generación solar en los tejados violaría no solo la ley de Puerto Rico, sino también las políticas federales de energía limpia, y posiblemente también la Constitución.
Ferrer señaló que la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico aprobaron el pasado mes de noviembre una resolución conjunta en la que expresaban “el rechazo de todo corazón” a una propuesta de Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) que incluye el impuesto solar.
El RSA es una propuesta para llegar a un acuerdo con los propietarios de 9.000 millones de dólares en valor nominal de bonos emitidos por la empresa de servicios públicos de Puerto Rico, PREPA. El RSA añadiría un “cargo de transición” en las facturas de los clientes de la AEE de al menos 2,8¢/kWh, que aumentaría hasta 2044 a 4,6¢/kWh, “afectando gravemente” a todos los consumidores de electricidad, dijo Ferrer.
Ferrer destacó la disposición del RSA según la cual los consumidores que produzcan su propia electricidad a partir de un nuevo sistema fotovoltaico deberán pagar la nueva tasa no solo por la energía comprada a la red, sino también por su propia energía autogenerada. Los sistemas fotovoltaicos instalados antes de septiembre de 2020 estarían exentos, pero podrían perder la exención en determinadas condiciones.
El “enfoque centrado en el impuesto solar de la RSA es ilegal”, dijo Ferrer, citando la Sección 3.4 de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019): “no se impondrá ningún cargo directo o indirecto a la generación de energía renovable por parte de los consumidores”. Ferrer dijo que el RSA propuesto también “se entromete” en la jurisdicción exclusiva de fijación de tarifas del regulador independiente del sector energético de Puerto Rico, la Oficina de Energía.
La constitucionalidad de tales cargos solares “también es cuestionable”, dijo Ferrer, ya que el RSA “trataría de imponer federalmente un nuevo impuesto sobre la energía generada por sistemas de energía solar de propiedad privada dentro de la propiedad privada.”
Ferrer dijo que la Junta de Administración y Supervisión Financiera de Puerto Rico (FOMB) anunció que presentará la propuesta de la RSA antes de marzo de 2022 para que sea revisada por la jueza del Tribunal de Distrito de EE UU, Laura Taylor Swain, quien fue nombrada bajo la ley federal PROMESA para supervisar los procedimientos de quiebra de Puerto Rico. El FOMB también fue creado por PROMESA.
A principios de este mes, la jueza Swain certificó un plan de liquidación que redujo la deuda del gobierno de Puerto Rico de 22.000 millones de dólares en bonos a 7.400 millones de dólares, según Bloomberg News.
En el testimonio de la Asociación Solar y de Almacenamiento de Energía de Puerto Rico (SESA-PR) en una audiencia del Comité del Senado de Puerto Rico este mes, el Jefe de Política de SESA-PR, Javier Rúa-Jovet, dijo que los “cargos ilegales” propuestos en el RSA “impactarían seriamente al pueblo de Puerto Rico, particularmente a aquellos clientes de la AEE que buscan autogenerar toda o parte de su energía a través de la energía solar”.
En su carta, Ferrer pidió al Congreso que utilice su autoridad de supervisión sobre el FOMB, los miembros de su junta y su dirección ejecutiva “para asegurar que la reestructuración de la deuda de la AEE esté alineada con las políticas energéticas federales, así como con las del Estado Libre Asociado.”
“Como hemos experimentado durante las secuelas del huracán María”, dijo Ferrer, “el acceso a la energía resistente es una cuestión de vida o muerte para el pueblo puertorriqueño.”
Tres días después de la carta de Ferrer, el 27 de enero, un reportero le preguntó a la Directora Ejecutiva del FOMB, Natalie Jaresko, en una reunión de la junta pública del FOMB, sobre la legislatura de Puero Rico que “aprobó el proyecto de ley de reestructuración de la AEE.” El Presidente de SESA-PR, PJ Wilson, explicó más tarde en una entrevista que el reportero se refería a la legislación habilitante que derogaría la prohibición de impuestos solares de la Ley 17-2019, y haría otros cambios legislativos necesarios para que la propuesta RSA avance. En respuesta a la pregunta del reportero, Jaresko dijo, “esperamos obtener esa respuesta legislativa en esta primera mitad de este año calendario.”
SESA-PR ha estado abogando contra la propuesta de “impuesto solar” desde 2019, cuando se asoció con la asociación nacional de energía solar SEIA para presentar conjuntamente un escrito de “amigo del tribunal” haciendo varios argumentos legales contra la propuesta.
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