Cargar un vehículo eléctrico en Bolivia costará entre 0,14275 y 0,30388 dólares por kWh

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El Ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia inauguró recientemente la primera estación de servicio para vehículos eléctricos. Hoy, el organismo ha publicado que, de acuerdo con el reglamento del Decreto Supremo N° 4539 que regula la tarifa para la recarga de vehículos eléctricos, el costo máximo que deberán cobrar las estaciones de servicio —electrolineras— por kWh será de 1,01 bolivianos en su carga más lenta y hasta 2,15 en la más rápida (entre 0,14275 y 0,30388 dólares por kWh).

La norma considera dos aspectos para fijar el precio final de la electricidad: el tipo de cargador que usa el vehículo y los horarios en los que se realiza la recarga —bloque bajo de 00:01 a 07:00 horas; medio de 07:01 a 18:00 horas y de 23:01 a 00:00; alto de 18:01 a 23:00 horas—.

Para la categoría de carros eléctricos de carga lenta, el costo del kWh será de Bs 1,01 en el bloque bajo, Bs 1,18 en el bloque medio y Bs 1,86 en el bloque alto. Para coches con conectores de carga semirápida, el costo del kWh será de Bs 1,08 en el bloque bajo, Bs 1,25 en el bloque medio y Bs 1,93 en el bloque alto. Los autos de carga rápida pagarán Bs 1,30 por kWh en el bloque bajo; Bs 1,47 en el bloque medio y Bs 2,15 en el bloque alto.

Estos precios son establecidos al 31 de julio y deben ser actualizados al mes de aplicación.

El sábado pasado, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) presentó éste y otros dos reglamentos del Decreto Supremo (DS) N° 4539. La segunda de estas normativas está orientada a establecer los requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir las estaciones de servicio para autos eléctricos, como el uso de materiales adecuados que garanticen la carga de esos coches sin riesgo de accidentes. Finalmente, el tercer reglamento define los requisitos que se deben cumplir para que un ciudadano o empresa instale una electrolinera pública o privada, los derechos y obligaciones de los propietarios de estos surtidores, y las sanciones que dicta la ley en caso de que incumplan esos requerimientos.

 

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