La Cámara de Diputados de Argentina otorgó media sanción al proyecto que propone extender hasta el 31 de diciembre de 2045 los beneficios fiscales contemplados en la Ley 27.191, marco normativo que impulsó el desarrollo de las energías renovables durante la última década. La iniciativa deberá ahora avanzar en el Senado para convertirse en ley.
El proyecto apunta a prolongar la vigencia del régimen promocional asociado a la norma sancionada en 2015, cuya aplicación resultó determinante para la expansión de la generación renovable en Argentina, tanto mediante las licitaciones RenovAr como a través de contratos privados celebrados en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).
La Ley 27.191 fijó el objetivo de alcanzar una participación del 20% de energías renovables en la demanda eléctrica nacional y estableció un conjunto de herramientas destinadas a reducir riesgos y mejorar la previsibilidad para las inversiones de largo plazo.
Entre los incentivos que quedarían prorrogados figuran la estabilidad fiscal para los proyectos alcanzados por el régimen, mecanismos de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada del IVA, posibilidad de trasladar quebrantos impositivos a ejercicios posteriores y certificados fiscales vinculados con componentes y equipamiento nacional.
Para el sector energético, la continuidad de este esquema representa principalmente una señal de previsibilidad regulatoria. Los proyectos renovables -y en particular los fotovoltaicos- requieren, como se sabe, horizontes extensos para estructurar financiamiento, cerrar contratos de abastecimiento y recuperar inversiones, especialmente en un contexto de volatilidad macroeconómica y restricciones crediticias.
Desde la entrada en vigor de la ley, la participación de las renovables en la matriz eléctrica argentina mostró un crecimiento sostenido. Datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) indican que la generación renovable pasó de niveles cercanos al 2% hace una década a valores próximos al 17 %-19 % en la actualidad, con liderazgo eólico pero también con una expansión sostenida de la energía solar fotovoltaica.
El despliegue fotovoltaico se concentró principalmente en provincias del noroeste y oeste argentino, donde la irradiación solar favoreció el desarrollo de parques de gran escala. Entre ellos destacan el complejo Cauchari, de 315 MW, en Jujuy, y el recientemente inaugurado El Quemado, de 305 MW, en Mendoza, y diversos proyectos desarrollados para abastecimiento corporativo bajo contratos MATER.
La discusión legislativa ocurre además en un escenario donde el sector renovable enfrenta desafíos que exceden el marco fiscal. Entre ellos sobresalen las limitaciones en la infraestructura de transporte eléctrico y la disponibilidad restringida de capacidad de evacuación en distintas regiones del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), factores que condicionan la incorporación de nueva generación.
La aprobación definitiva en el Senado definirá si Argentina mantiene por dos décadas adicionales uno de los instrumentos regulatorios más relevantes para la inversión renovable desde mediados de la década pasada.
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