Almacenamiento de energía en América Latina y el Caribe suma 2,5 GW instalados, según Olade

La Organización Latinoamericana de Energía (Olade) ha presentado la llamada Nota Técnica 10, titulada “Almacenamiento de Energía en América Latina y el Caribe – Estado Actual, Desafíos y Recomendaciones Estratégicas«, en la que, entre otras definiciones, afirma que la región suma 2,5 GW instalados.

En el trabajo, se asegura que el incremento de proyectos de almacenamiento de energía responde a la expansión de las fuentes renovables y las limitaciones estructurales de la infraestructura eléctrica regional. Países como Chile, Brasil y México encabezan la implementación, mientras que naciones de Centroamérica y el Caribe despliegan proyectos a menor escala.

El balance regional indica que las baterías de ion-litio concentran aproximadamente el 60% de la capacidad instalada y se utilizan en aplicaciones que van desde sistemas solares híbridos a servicios auxiliares para la red eléctrica.

El bombeo hidráulico, por su parte, representa el 40% restante, con una presencia relevante en Argentina y Brasil. El almacenamiento térmico cubre una fracción pequeña, principalmente en proyectos en Chile y aplicaciones industriales de menor tamaño.

Proyectos operativos por países

A junio de este año -la fecha de corte hasta la que alcanza el análisis de Olade-, Chile alcanzó 1.005 MW de capacidad de almacenamiento instalada. El informe destaca que en 2024 se puso en marcha el proyecto Oasis de Atacama, de Grenergy, en el desierto de Atacama, con 1,24 GWh de capacidad prevista para fines de 2024 y una capacidad de almacenamiento total prevista de 11 GWh con baterías de ion-litio. En mayo de 2025 inició operación el proyecto de hibridación BESS PFV Capricornio, que considera una capacidad de 48 MW/ 264 MWh. Al 30 de mayo pasado se reportan en el país 5 sistemas de almacenamiento en fase de pruebas, los cuales representan un aporte en 571 MW de capacidad instalada y 2.378 MWh de energía almacenada.

Con cita en un estudio de Greener, se afirma que hasta 2024 Brasil acumuló 685 MWh de capacidad instalada en almacenamiento de energía, con el 70% de esta capacidad sirviendo a sistemas aislados. En dicho año, también, se añadieron 269 MWh, un aumento del 29% respecto a 2023.

Argentina cuenta con 17,5 MW de almacenamiento en baterías y 974 MW en bombeo hidráulico. México, en tanto, ha instalado 192 MW de baterías de ion-litio, con proyectos adicionales previstos para respaldar la red y la integración de renovables.

Otros países con avances notables incluyen Honduras, que adjudicó en 2025 un proyecto de 75 MW/300 MWh, y Perú, que reporta 26,5 MW de almacenamiento en operación.Honduras: En marzo 2025 adjudicó un proyecto de almacenamiento de 75 MW/300 MWh de capacidad instalada.

En construcción

En cuanto a proyectos en construcción, Chile y Brasil lideran con sistemas de gran escala (baterías y bombeo hidráulico), mientras países como Costa Rica, El Salvador y Colombia desarrollan instalaciones para respaldo en redes y microrredes en zonas aisladas o rurales. En 2025, la región no presenta desarrollos significativos en tecnologías como almacenamiento gravitacional o volantes de inercia.

Tendencias

El trabajo de Olade puntualiza que a pesar de las diferencias institucionales, económicas y geográficas, entre los países de América Latina y el Caribe, existen tendencias comunes que han marcado el desarrollo del almacenamiento de energía en la región. La mayoría de los gobiernos ha comenzado a incluir esta tecnología en sus planes energéticos, políticas climáticas y estrategias de electrificación, aun sin contar con marcos regulatorios específicos. Este reconocimiento ha impulsado principalmente proyectos piloto localizados en zonas rurales, insulares o con redes débiles, habitualmente con apoyo de la cooperación internacional.

Además, organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF han desempeñado un papel central en este proceso al facilitar recursos financieros, acompañamiento técnico y apoyo institucional en distintas fases de los proyectos.

Desafíos

Desde Olade se precisa que los marcos regulatorios actuales en América Latina y el Caribe presentan desafíos importantes para la integración del almacenamiento de energía. En muchos países, no existe una definición legal clara sobre su clasificación dentro del sistema eléctrico, lo que genera ambigüedad sobre su rol. Tampoco se han desarrollado esquemas de remuneración que reconozcan los servicios que el almacenamiento presta, como regulación de frecuencia, respaldo o desplazamiento de demanda. Esta falta de mecanismos adecuados limita su adopción, incluso cuando su aporte técnico es viable.

A esto debe sumarse que los marcos tarifarios tradicionales, diseñados para grandes generadores y redes centralizadas, no consideran adecuadamente soluciones descentralizadas como el almacenamiento distribuido. Esta incompatibilidad se agrava por la baja capacidad institucional y técnica de los entes reguladores, que no cuentan con las herramientas necesarias para planificar e incorporar esta tecnología. La débil inclusión del almacenamiento en los planes de expansión eléctrica y la incertidumbre regulatoria existente también aumentan los riesgos para los inversionistas, dificultando la financiación de nuevos proyectos.

Recomendaciones

Finalmente, desde el organismo regional se ofrece una serie de propuestas para avanzar en el desarrollo del almacenamiento de energía en América Latina y el Caribe. Así, se apunta el requerimiento de creación de políticas y regulaciones claras que reconozcan su papel dentro del sistema eléctrico. Considera fundamental establecer una definición legal que determine si el almacenamiento actúa como generación, consumo, servicio auxiliar o en una categoría propia.

Además, se recomienda desarrollar mecanismos de remuneración por los servicios que presta, tales como respaldo, control de frecuencia o despacho diferido, e impulsar la participación en el mercado bajo condiciones equivalentes a otras tecnologías. También se sugiere incluir normas técnicas y de seguridad, facilitar la interconexión con la red, permitir usos múltiples y asegurar la coordinación institucional mediante su inclusión en la planificación energética nacional.

Otro eje estratégico consiste en generar un marco robusto de incentivos económicos y financieros que facilite la adopción de tecnologías de almacenamiento, especialmente ante su alto costo inicial. Los incentivos podrían contemplar exenciones fiscales, deducciones por inversión, créditos fiscales y subvenciones específicas para proyectos piloto o en comunidades con baja cobertura eléctrica. También se propone destinar fondos públicos a tecnologías emergentes como baterías de segunda vida, almacenamiento térmico o hidrógeno, y diseñar programas diferenciados para zonas vulnerables.

El acceso a financiamiento preferencial constituye un componente clave para reducir los riesgos de inversión. Se plantean instrumentos como líneas de crédito verdes, garantías parciales, fondos climáticos internacionales y esquemas de leasing o contratos de servicios energéticos que incluyan almacenamiento.

Por último, se propone implementar mecanismos de mercado que reconozcan los servicios prestados por estos sistemas, como pagos por capacidad de reserva o subastas para proyectos híbridos, así como tarifas dinámicas o esquemas de net billing para sistemas residenciales o comerciales.

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