Advierten en Brasil que las restricciones a la conexión amenazan 300.000 empleos en el sector solar

El sector de la energía solar en Brasil está en peligro. Según el presidente del Movimiento Solar Libre (MSL), Hewerton Martins, podrían perderse alrededor de 300.000 puestos de trabajo a principios del próximo año. Se trata de una consecuencia directa de lo que el ejecutivo califica de prácticas abusivas e interpretaciones arbitrarias de la Ley 14.300 por parte de las distribuidoras de electricidad. Las pequeñas y medianas empresas, responsables de la difusión de la generación distribuida en miles de municipios, se enfrentan a un escenario de inviabilidad, con rechazos masivos de proyectos y dificultades impuestas a los consumidores.

Desde octubre, distribuidoras como CPFL, RGE y Cemig han rechazado la mitad de los proyectos fotovoltaicos presentados, en muchos casos sin justificación técnica consistente. Según Martins, la Resolución 1.098 de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), que regula el análisis de proyectos de más de 7,5 kW, está siendo utilizada como pretexto para decisiones arbitrarias que penalizan a consumidores y empresas.

«La resolución no autoriza a las compañías eléctricas a rechazar automáticamente proyectos por encima de este límite. Tiene que haber un análisis técnico, pero no se está haciendo con transparencia», explica el presidente del MSL.

El impacto ya es devastador. Sólo en Minas Gerais han cerrado recientemente 1.200 empresas del sector, y se espera que pronto cierren hasta otras 30.000. Estas empresas, muchas de ellas formadas por programas de cualificación del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) y del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), generan una media de 10 empleos directos cada una. Además del impacto en los puestos de trabajo, los municipios pierden el beneficio económico generado por la reducción de las facturas de energía, lo que se traduce en más dinero circulando en la economía local.

El ingeniero Diego Fortes de Paula, de Solartop, una empresa que opera en Santa Cruz do Rio Pardo, en el interior de São Paulo, informa de que se enfrenta a una oleada de rechazos que está haciendo inviable el negocio. «En el último mes nos han rechazado 16 proyectos. Un cliente con un sistema de 8 kW fue limitado a 3 kW, mientras que otro con 10 kW fue autorizado a instalar sólo 1 kW, que ni siquiera cubre un solo panel», dijo a pv magazine.

Una de las soluciones propuestas por la distribuidora CPFL para este sistema de 10 kW era instalar un sistema híbrido con batería, lo que según el ingeniero era inviable para el cliente. «El costo de este sistema de 10 kW era de 18 mil reales (cerca de 3 mil dólares), mientras que el presupuesto para el generador de baterías era de 36 mil reales. El precio se duplicó y el cliente no cerró», explica.

Este escenario también afecta directamente a los consumidores, especialmente a los que optan por financiar sistemas solares. «Por regla general, el dictamen tarda 15 días en ser analizado. Se tardan otros 20 o 30 días en finalizar la compra del kit. Así que un proyecto que tardaría 30 días en finalizarse se acerca ahora a los 60 días. La microgeneración está retrocediendo en Brasil», explica de Paula.

Uno de los argumentos más utilizados por las compañías eléctricas para limitar o rechazar los proyectos de generación distribuida es la supuesta sobrecarga de los transformadores. Sin embargo, según Martins, este argumento no se sostiene técnicamente. Explica que en muchas regiones, sobre todo en zonas rurales y urbanas con gran demanda, el sistema eléctrico ya está sobrecargado debido al consumo convencional. En este contexto, generar su propia energía solar no sólo reduce el consumo en la red, sino que alivia el transformador, generando un beneficio directo para el sistema.

«Generar nuestra propia energía en el tejado está aliviando este transformador, que está estrangulado por las cargas. También reduce la necesidad de inversiones por parte de la compañía eléctrica, que repercutirían en todos los consumidores», afirma Martins. Subraya que la generación distribuida, en la mayoría de los casos, representa un volumen pequeño y está lejos de superar el consumo de las unidades habituales.

Para combatir las malas interpretaciones de las normas que rigen el sector, el MSL propone acciones jurídicas y políticas. En la página web de la organización hay un modelo de moción pública para que las cámaras municipales de hasta 5.000 municipios presionen a los senadores para que apoyen el proyecto de ley 624, que pretende ajustar el texto de la Ley 14.300 para evitar que las distribuidoras tergiversen sus disposiciones, obstaculizando el crecimiento de la generación distribuida.

Además del proyecto de ley 624, otro proyecto en tramitación, el proyecto de ley 671, aborda directamente el abuso de poder por parte de las empresas de servicios públicos. Pretende prohibir a las distribuidoras operar en el mercado de «suscripción de energía solar», una práctica que, según Martins, crea un monopolio en la red de distribución. «Esta concentración de poder limita la competitividad y perjudica a los consumidores, que deben tener libertad para elegir cómo generar o consumir energía», explica el presidente de MSL.

La acción política está ganando impulso con la expansión de los frentes estatales del Movimiento Solar Libre. Ya hay 11 frentes en funcionamiento en Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão, Amapá, Paraíba y Pará, además de los más recientes de Goiás y Rio Grande do Sul. «Estamos ampliando la movilización en cada estado, con el objetivo de reforzar el apoyo político y garantizar la protección de los derechos de los consumidores en Brasilia», concluye Martins.

«El momento es crítico. Sin una acción inmediata y una unión del sector para corregir los abusos y garantizar la transparencia de los procesos, Brasil puede retroceder en uno de los sectores más prometedores para el desarrollo sostenible y económico del país», afirma de Paula.

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