«La multa de 14 millones de dólares impuesta a la Empresa Naturgy es definitiva y no podrá ser apelada», ha dicho Juan Manuel Urriola, Secretario Nacional de Energía de Panamá, quien asegura que «estos fondos sean restituidos a los ciudadanos panameños».
Urriola resaltó la decisión tomada por Zelmar Rodríguez, Administradora de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP), y la calificó «como un paso crucial hacia la transparencia y rendición de cuentas en el sector energético, marcando un hito en la protección de los intereses del público consumidor».
El Secretario explicó que esta multa, emitida originalmente en 2013 y posteriormente confirmada por la Corte, «fue descubierta almacenada en archivos sin posibilidad de apelación por parte de la empresa afectada». En sus declaraciones, subrayó «la importancia de la justicia en resolver casos similares para evitar situaciones de impunidad y garantizar una representación equitativa para todos los panameños».
Urriola no descartó la posible emisión de más multas y explicó que las autoridades se encuentran en una fase preparatoria para la próxima Licitación de Concesión de Distribuidoras cuyos contratos vencen en el año 2028, con el propósito de fomentar la participación «diversificada de empresas comprometidas con la calidad del servicio y con los estándares técnicos y administrativos necesarios».
Enfatizó que las mejoras en el sector deben autofinanciarse con inversiones a largo plazo, detallando que las distribuidoras facturan aproximadamente 1.5 millones de balboas al año (1.5 millones de dólares). “Aunque las penalizaciones no resuelvan de inmediato los problemas, transmiten un mensaje de responsabilidad y pueden influir en la renovación de contratos”, dijo el Secretario de Energía.
Urriola reiteró la importancia de la comunicación efectiva entre la Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, así como la necesidad de mayor transparencia y claridad en la relación con los consumidores, para garantizar su pleno conocimiento de sus derechos.
El nuevo Gobierno ha suspendido recientemente el Acto de Licitación para la compra de Energía y Potencia, puesto en marcha durante la Administración anterior, al concluir que “no cumplía con los requisitos mínimos para garantizar transparencia a los inversionistas, ni mejoras en los precios para los panameños”.
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