La Planta Hidroeléctrica de Río Segundo, ubicada en el cantón de Sarchí, cerró sus operaciones el día de ayer debido a que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se negó a renovarle el contrato para adquirir su producción, como ya sucedió con otras instalaciones. Por ley, ese es el único cliente que tienen las plantas privadas.
Este es el quinto cierre desde finales del año anterior, cuando el ICE decidió -de manera unilateral e inconsulta- no renovar los contratos a empresas que llevan décadas produciendo. No obstante, hace unos días el ICE firmó un PPA con una planta solar de 5 MW de BMR Energy.
La planta Río Segundo está ubicada en Bajos del Toro y tiene capacidad para generar 1 MW. El cierre deja sin empleo directo a 12 trabajadores en una zona donde escasean las fuentes de empleo. La empresa operaba desde 1995 y había renovado su contrato anteriormente.
Eduardo Kopper, Presidente de la Planta Río Segundo, explicó que las compañías privadas producen electricidad a un menor costo, lo cual -si se aprovechara correctamente- permitiría al país ser competitivo y disfrutar de mejores tarifas para clientes residenciales e industriales.
“Si el ICE no nos aceptó nuestra energía a $0.02/kWh, no nos deja exportarla, y prefiere importar a países vecinos pagando más de $0.06/kWh, solo puedo concluir que el ICE hoy evidentemente no defiende los intereses nacionales, ni los del consumidor costarricense, y eso va en total desacato a la Ley que lo creó. El ICE fue impulsor del crecimiento de Costa Rica años atrás, pero hoy es un lastre que no nos deja avanzar como país”, afirmó Kopper.
Por su parte, el Director Ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, Mario Alvarado, recordó que desde febrero pasado han hecho esfuerzos para que el Poder Ejecutivo intervenga y propicie una salida legal que permita aprovechar esa energía barata e impida más cierres de plantas.
Acope envió dos Cartas al Presidente de la República (el 1° de febrero y el 17 de marzo) que hasta el momento no han sido contestadas de manera directa. Solo trascendió que el Gobierno está preparando un Proyecto de Ley para habilitar la exportación, del cual se desconocen los detalles.
“Ya pasaron cuatro meses desde que Casa Presidencial se comprometió a redactar ese Proyecto de Ley, y el texto no ha sido presentado al Congreso. Nos preocupa percibir que en la actual Administración no hay urgencia sobre el tema, pese a que los cierres de empresas continúan”, afirmó el Director Ejecutivo Mario Alvarado.
Para ACOPE el Decreto 30065 ya reconoce abiertamente la posibilidad de venta de energía de privados a cooperativas. No obstante, ese marco legal debe actualizarse para lograr que el procedimiento de obtención de concesiones sea más claro y efectivo. Fuera de ello, existen dos vías legales para evitar el cierre de las plantas de generación renovable, lo cual no solo asegura mejores tarifas para los usuarios, sino que nos permite ser consistente con la promesa de ser un país carbono neutral:
- Aprobación del expediente 21.606 que está presentado en la corriente legislativa pero no ha sido convocado.
- Reforma a la Ley 8723 (Concesión de fuerza hidráulica para generación eléctrica) y Reforma al artículo 6 de la Ley 8345 (que habilite a las distribuidoras a comprar energía de los generadores privados).
Acope reitera al Señor Presidente de la República la necesidad urgente de que intervenga para evitar más cierres de plantas. “Esperamos que el Presidente de la República accione con una visión de largo plazo y de Estado, para no seguir apagando más plantas de energía renovable y con precios competitivos” señaló el Director Ejecutivo Mario Alvarado.
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