El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha indicado que, ante la baja actividad económica realizada en 2020 y las proyecciones del 2021 resultado de la pandemia, no renovará los contratos de compra de energía con generadores privados al amparo del capítulo 1 de la ley 7200. “El país cuenta con la suficiente capacidad instalada para satisfacer las proyecciones de demanda de energía. Dicha capacidad suma 3.537 MW con las cinco fuentes renovables y el respaldo térmico, mientras que la demanda del último año tuvo como máximo 1.737 MW. A esto se suma que, debido a la pandemia, la demanda nacional cayó cerca de 3% en 2020”, afirma en un comunicado.
Dicha Ley 7200 Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, que, según explica la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), faculta al ICE para suscribir contratos destinados a la compra de energía.
Bajo ese marco legal –el capítulo 1 de la ley 7200–, en diciembre de 2019 estaban en operación 18 plantas hidroeléctricas y 10 eólicas, para una capacidad de 270 MW y una producción anual de 1184 GWh. “Esa energía representa el 10,5% de la generación total de Costa Rica, y se entrega al ICE de acuerdo con los contratos suscritos […] a un precio actualmente fijado por la ARESEP de US$ 0,05455 por kWh”, explica Acope en una carta remitida al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en la que busca una solución.
La decisión de no renovar estos contratos, definida como unilateral por los productores, ha provocado el cierre de cuatro plantas, y otras dos lo harán en el transcurso de este año, pues “para colocar esa generación, nos encontramos con obstáculos importantes tales como que, conforme al marco regulatorio actual, el ICE es el único agente de mercado autorizado para exportar directamente energía al Mercado Eléctrico Regional”, explica Acope.
Por su parte, ICE afirma que “los cuatro contratos que no tuvieron continuidad se originaron en su mayoría en la década de 1990, por lo que las inversiones de los productores han sido cubiertas, y no existía un compromiso más allá de lo pactado, salvo por una eventual necesidad del SEN y con el acuerdo entre las partes”, y añade que “no renovó contratos con generadores privados en apego a la Ley y para beneficiar al Sistema Eléctrico Nacional”. La medida tomada por el ICE “incluso rebajará los gastos del Instituto al no tener que pagar por la energía de manera sostenida a estas empresas”; y reafirma su “objetivo de garantizar el abastecimiento eléctrico de todos los habitantes y al costo más económico”. A esto, Acope declara en su carta al presidente del pañis que “apagar plantas de energía renovable y con precios competitivos, para producir energía de fuentes térmicas o importar energía eléctrica, no solo es contrario a la decisión de su mandato de reactivar la economía, sino de avanzar en la descarbonización.”
Finalmente, el ICE declara ser “respetuoso con el proceso que el Poder Ejecutivo ha abierto con este grupo de empresas, con el fin de construir una propuesta que les permita colocar su energía en el Mercado Eléctrico Regional”.
El Grupo ICE está integrado por cuatro empresas: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que opera como casa matriz; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL); Radiográfica Costarricense (RACSA) y, más recientemente, Gestión Cobro; aunque esta se enfoca en el soporte de cobro administrativo y judicial a sus tres empresas hermanas. El ICE y la CNFL suplen casi el 78% de la electricidad del país, “con los mejores estándares de calidad y continuidad del servicio”, explica, y a partir de energías renovables. “El Grupo cuenta con una robusta red de 40 plantas de generación y sistemas de trasmisión y generación de vanguardia”, añade. Su matriz eléctrica combina fuentes hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica y biomásica. “La térmica solo se utiliza como respaldo”, finaliza.
Costa Rica lleva seis años generando casi toda su energía con fuentes renovables, y ha aumentado recientemente sus metas climáticas en nueva hoja de ruta para la próxima década, pues pretende ser 100% renovable en 2030. El parque de generación de energía solar fotovoltaica más grande de Costa Rica tiene una potencia instalada de 5 MW y se inauguró en 2019.
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