El Ministerio de Bienes nacionales ha convocado una licitación pública para concesionar onerosamente terrenos fiscales a inversionistas nacionales y extranjeros para el desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC) en las comunas de Diego de Almagro y Copiapó, de la región de Atacama.
El anuncio lo publicó el Ministerio el pasado lunes 11 en su portal web y se enmarca en un convenio suscrito por las carteras de Bienes Nacionales y Energía para la trasferencia de recursos que permitan el desarrollo de proyectos de ERNC que garanticen una matriz eléctrica diversificada, equilibrada y que “dé al país mayores niveles de soberanía en sus requerimientos de energía”.
El plazo de la concesión será de 35 años una vez suscrito el contrato, y se divide en tres etapas o periodos de desarrollo: el periodo de estudios, el periodo de construcción y el periodo de explotación u operación .
Las bases de la licitación fueron publicadas el 11 de diciembre y la recepción y apertura de ofertas se efectuará el 7 de febrero de 2018 en el Ministerio de Bienes Nacionales.
Los terrenos a licitar son 10 y en total suman algo más de 2.456 hectáreas para el desarrollo de proyectos de tecnología solar fotovoltaica, eólica y/o de concentración solar de potencia. En concreto, las dimensiones de los terrenos son las siguientes: 93,08 h, 1.140,72 h, 135,25 h, 56,67 h, 160,57 h, 145,27 h, 187,05 h, 100,00 h, 290,92 h y 146,58 h.
Entre las condiciones, se especifica que, en el caso de proyectos de tecnología solar fotovoltaica, el concesionario deberá́ desarrollar al menos 1 MW por cada 7 hectáreas de terrenos fiscales concesionados.
En las superficies solicitadas se deberán incluir la totalidad de las inversiones necesarias para lograr la ejecución de los proyectos, las que serán de cargo y riesgo del concesionario, tales como obras de infraestructura general, construcciones, equipamiento y habilitación.
Las firmas concesionarias, a su vez, podrán ejecutar un proyecto de capacidad instalada superior a la mínima comprometida utilizando las tecnologías que para estos fines estimen pertinentes si ello fuese conveniente a sus intereses y sin que sea necesario requerir una autorización especial del Ministerio de Bienes Nacionales.
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