El hidrógeno verde y su problema de uso del agua: el caso uruguayo

El cambio climático provoca variaciones regionales en las precipitaciones, que pueden causar inundaciones y escasez de agua. La gestión del agua es cada vez más importante para garantizar un suministro fiable de agua potable y la producción de alimentos en medio de un clima cambiante.

Un ejemplo reciente de mala gestión del agua ocurrió en Montevideo (Uruguay), donde se declaró el estado de emergencia debido a la extrema escasez de agua en la capital. El estado de emergencia permitió ampliar las infraestructuras en zonas protegidas sin realizar evaluaciones de impacto social o ambiental. La falta de información planteó dudas sobre el impacto en la población, el carácter permanente de las infraestructuras, la seguridad del suministro de agua y la compensación por las pérdidas de medios de subsistencia.

El proceso de decisión en esta emergencia ejemplificó el papel que pueden desempeñar las crisis del agua en un mundo con cambios climáticos, y debería impulsar los esfuerzos mundiales para reconsiderar los planes de gestión del agua. ¿Cómo evolucionarán los recursos hídricos? ¿Cómo debemos evaluar la disponibilidad actual y futura de agua para la demanda a escala industrial? ¿Qué impacto tendrá el acoplamiento de la demanda de energía y agua, a través de la producción de hidrógeno verde, y cómo podemos empezar con buen pie en el desarrollo de tales proyectos?

Hidrógeno verde
Con la crisis uruguaya como ejemplo, el uso del agua debería reevaluarse, mejorarse y planificarse con mayor previsión. Esto incluye el desarrollo de polígonos industriales, que añadirán necesidades adicionales de agua a las ya existentes para el abastecimiento de agua potable y la agricultura. El hidrógeno verde podría desempeñar un papel central en la transición energética, ya que podría sustituir a los combustibles fósiles para descarbonizar los sectores industrial y del transporte. Además de electricidad renovable, la producción de hidrógeno verde también requiere agua. Como mínimo, la producción de un kilogramo de hidrógeno requiere entre 18 y 30 litros de agua, dependiendo de la calidad del agua.

Uruguay es una nación con un gran potencial de hidrógeno verde y ya se ha firmado un acuerdo de cooperación energética entre la Unión Europea y el Estado sudamericano. Dos proyectos de hidrógeno, encabezados por las empresas alemanas Enertrag y Linde, ya están en proceso de planificación. Además, el proyecto H2U, dirigido por la refinería de petróleo estatal uruguaya ANCAP, ha identificado el potencial de generar 200.000 toneladas de hidrógeno verde al año para la exportación, alimentado por parques eólicos marinos. La realización de ese potencial se traduciría en una demanda estimada de agua comparable a la de un centro de datos de Google, que recientemente fue impugnado públicamente, ya que requeriría la misma cantidad de agua que la consumida por 55.000 personas.

Esto pone de relieve que los nuevos proyectos no deben exacerbar la escasez de agua existente. El desarrollo económico de los emplazamientos de los proyectos, incluidas las industrias que podrían verse atraídas por las infraestructuras de hidrógeno, debe tenerse en cuenta a la hora de estimar la futura demanda de agua. Es imperativo exigir a las nuevas industrias que alcancen un alto grado de eficiencia en el reciclado del agua. A continuación, la demanda total de agua debería compararse con las tasas de recarga de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta el cambio climático.

Impacto social
La escasez de agua tiene grandes repercusiones humanitarias y es importante tenerlas en cuenta en los procesos de toma de decisiones. Las preocupaciones estructurales también pueden acompañar a los proyectos internacionales. Históricamente, las industrias extractivas a gran escala que abastecen a los mercados internacionales no han redistribuido los beneficios entre las poblaciones locales, mientras que las instalaciones de uso intensivo de la superficie pueden provocar la pérdida de la propiedad por parte de las comunidades y el “acaparamiento de tierras”. Los modelos de beneficios conjuntos que prometen financiar infraestructuras comunitarias como escuelas y hospitales pueden dar lugar a una mayor dependencia de las nuevas industrias que los financian. Las naciones que importan los productos creados por esas industrias evitan los riesgos de la extracción y el agotamiento de los recursos en su propio patio trasero, externalizando las tensiones existentes.

Es probable que estas preocupaciones también sean válidas para las plantas de hidrógeno verde, que sin duda podrían agravar la escasez de agua. Muchas naciones con potencial de hidrógeno verde sufren, o han sufrido, las injustas estructuras de poder enraizadas en el colonialismo y es crucial no reforzar tales situaciones. Los proyectos de hidrógeno verde deben beneficiar tanto a los países importadores como a los exportadores. Esto no debería limitarse a los beneficios económicos, sino que también debería tener en cuenta las necesidades y los objetivos de desarrollo sostenible de los países productores, por ejemplo en el ámbito de la energía.

Para garantizar el desarrollo sostenible de los proyectos, los posibles países exportadores e importadores de hidrógeno verde deberían encargarse de crear capacidad, experiencia, conocimientos y concienciación sobre los aspectos mencionados. La legislación de desarrollo conjunto para la producción, el transporte y el comercio de hidrógeno verde también debería satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas. Tener en cuenta los aspectos sociales, medioambientales y culturales puede llevar más tiempo que los actuales enfoques descendentes de planificación de infraestructuras, pero generaría una mayor aceptación y apoyo a los proyectos sostenibles.

Dado el potencial de los proyectos internacionales de uso intensivo de agua, incluidas las centrales de hidrógeno verde, para aumentar la escasez de agua, los responsables políticos y los promotores de proyectos deberían adoptar las siguientes medidas:

• Considerar los efectos del cambio climático en las evaluaciones de impacto ambiental (EIA): Las EIA independientes, incluidas las relativas al uso del agua, deben ser obligatorias para los proyectos de hidrógeno verde y deben considerarse en combinación con otros usuarios del agua. Los proyectos de los que quepa esperar que provoquen una reducción de la resistencia climática o medioambiental de una región deben excluirse de la financiación estatal o internacional.
• Garantizar una ejecución sostenible de los proyectos basada en la participación: Las evaluaciones de impacto deben incluir voces locales y el proceso regulador debe capacitar a la sociedad civil para participar en la toma de decisiones. Esto puede garantizar que se tengan plenamente en cuenta los aspectos sociales y las opiniones, en lugar de limitarse a palabras vacías para evitar la oposición pública.
• Priorizar la gestión del agua y el uso del hidrógeno para las poblaciones locales y las industrias esenciales: Si bien Uruguay recoge en su Constitución el derecho al acceso al agua, otros países deben seguir su ejemplo. El uso local del agua y la aplicación del hidrógeno deben priorizarse sobre los objetivos de exportación.
• Fomentar la interacción en materia de investigación con los países socios del hidrógeno verde: Aunque la Unión Europea es el mayor donante de fondos para la investigación a escala mundial, los países de renta media reciben pocos recursos. Con una asociación de hidrógeno verde con Uruguay en el horizonte, es importante apoyar la investigación bilateral. La investigación conjunta entre países exportadores e importadores es clave para dar forma a la aplicación sostenible de las asociaciones de hidrógeno verde.

Sobre los autores: Katrin Lammers trabaja en el Instituto Reiner Lemoine y Martha Hoffmann forma parte de la Escuela de Postgrado de la Fundación Reiner Lemoine y recibe una beca de la Fundación Reiner Lemoine para sus estudios de doctorado. Respaldado por la Fundación Reiner Lemoine, el Instituto Reiner Lemoine es una institución independiente de investigación sin ánimo de lucro que contribuye a la transformación hacia un suministro energético sostenible basado en energías 100% renovables.