La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes 20 de junio una reforma a la Ley de Industria Eléctrica, Ley 272, cuya rápida tramitación había sido pedida por el presidente del país, Daniel Ortega.
Según un comunicado emitido por la institución parlamentaria, la reforma regula la instalación, funcionamiento y supervisión de la generación de energía eléctrica producida por particulares con fuentes renovables para el autoconsumo, lo que se conoce como generación distribuida.
La reforma da facultad al Ministerio de Energía y Minas para regular el esquema de medición neta a través de una Normativa sobre Generación Distribuida.
“Esto es algo sumamente positivo porque les da competitividad y equilibrio de mercado tras semejantes inversiones que han hecho en el tema de energía solar (energía renovables), por lo tanto si nosotros le permitimos un mecanismo que venga a retribuirle en alguna medida esta inversión, esto permite al sector privado ser más competitivo”, dijo el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.
La reforma de hecho autoriza a las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur a comprar electricidad de pequeños productores de fuentes renovables. Bajo el esquema de medición neta, les estará permitido a los generadores distribuidos vender el excedente de su energía renovable a las empresas distribuidoras de energía del sistema nacional Disnorte y Dissur.
A través de sus nuevas políticas para las renovables, el gobierno del país de América Central quiere incrementar la participación de generación de energía basada en recursos renovables aproximadamente del 55 por ciento en el año 2018 al 64 por ciento en el año 2023 y al 73 por ciento en el año 2030.
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