El Consejo de Gobierno de Andalucía dio luz verde el martes a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 9/2013, la legislación que contempla la sustitución del esquema de tarifa para instalaciones de energías renovables por un nuevo sistema de retribución y que supone un nuevo recorte para las instalaciones de energías renovables. La Junta de Andalucía pone de relieve que esta legislación provoca incertidumbre y que las instalaciones de energías renovables en operación en Andalucía emplean a 3.800 personas. En un comunicado del gobierno andaluz, se señala que esta legislación genera "incertidumbre sobre el régimen legal y de retribución de la producción con energías renovables, cogeneración y residuos". El anuncio de la interposición de un recurso se produce después de que el gobierno andaluz haya tratado de dialogar con el gobierno central en los últimos meses sin éxito.
En concreto, el gobierno andaluz recurrirá las disposiciones transitorias tercera y final segunda del Real Decreto-Ley. En estas disposiciones se establece una nueva retribución la cual no queda definida. La retribución de las instalaciones de energías renovables en operación se contemplará en una Orden Ministerial que está previsto que el gobierno central publique próximamente.
La semana pasada, el gobierno de Extremadura anunció la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 9/2013 asimismo. Para esta última región, se trata del quinto recurso de inconstitucionalidad que presenta contra una legislación contraria a las energías renovables. Por su parte, el gobierno andaluz presentó el año pasado recursos contra otras tres normas del gobierno central que perjudican a las energías renovables. (Redacción)
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