La cooperación alemana, a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo) GmbH, lanzó una convocatoria dirigida a personas jurídicas en Bolivia para diseñar y proponer modelos de contratos de largo plazo para el sector eléctrico, estructurados mediante Asociaciones Público-Privadas (APPs) y esquemas de subastas competitivas.
El objetivo consiste en desarrollar instrumentos contractuales que permitan optimizar la asignación y mitigación de riesgos entre las partes, con matrices específicas que contemplen riesgos de construcción, operación, demanda y volatilidad de precios. En este marco, se prevé el uso de contratos de compraventa de energía (PPA) estandarizados, con horizontes de 15 a 25 años, que incorporen mecanismos de indexación acordes a la estructura de costos del sistema eléctrico.
En términos de remuneración, la propuesta considera esquemas híbridos que combinan pagos por energía generada (MWh) y por capacidad disponible (MW), junto con incentivos asociados al desempeño y la disponibilidad. Este enfoque busca garantizar ingresos predecibles, reducir la exposición al mercado spot y facilitar la estructuración financiera de los proyectos.
La convocatoria también pone el foco en la bancabilidad de los contratos, con la incorporación de garantías parciales, fondos de reserva y mecanismos de cobertura de riesgo crediticio. Se contempla además la participación de organismos multilaterales y agencias de crédito a la exportación, con el fin de mejorar las condiciones de financiamiento y reducir el costo de capital.
En el plano regulatorio, se propone integrar cláusulas de estabilización y mecanismos de resolución de controversias, como el arbitraje internacional, que contribuyan a mitigar riesgos regulatorios y fortalecer la seguridad jurídica de los proyectos.
La implementación de estos modelos se plantea de manera progresiva, mediante etapas piloto alineadas con la planificación y expansión del sistema eléctrico nacional. Estas fases iniciales permitirían ajustar los instrumentos antes de su adopción a mayor escala, con especial atención a la integración de energías renovables y sistemas de almacenamiento.
La iniciativa busca articular el trabajo entre entidades públicas, operadores del sistema eléctrico y actores financieros, con el fin de consolidar un marco contractual que promueva inversiones de largo plazo y refuerce la confiabilidad del suministro eléctrico en Bolivia.
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