La financiación en los países en desarrollo es un reto para la transición energética mundial

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La inversión en energía renovable sigue concentrada, según un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena). Solo el 10% de las inversiones globales en 2023 llegaron a economías en desarrollo, excluyendo grandes mercados como Brasil, China e India. La falta de inversión en mercados emergentes se explica principalmente por la mayor percepción de riesgos en estas economías, como volatilidad cambiaria, inestabilidad macroeconómica e incertidumbre política.

Este panorama dificulta alcanzar la meta de 11,2 TW de capacidad renovable global para 2030, alineada con el Consenso de los Emiratos Árabes Unidos. Hasta finales de 2024, el mundo acumulaba 4,5 TW de capacidad, con 1,8 TW en solar. Lograr este objetivo requiere una inversión acumulada de 31,5 billones de dólares para finales de la década, cubriendo capacidad de generación, eficiencia energética, conservación, redes y flexibilidad.

Mientras que 38 países desarrollados, que representan el 14% de la población mundial y el 40% del PIB global, concentraron el 47% de las inversiones en transición energética en 2023, solo el 10% llegó a economías en desarrollo, donde reside casi la mitad de la población mundial (48%). Grandes mercados emergentes como Brasil, China e India, agrupados en el análisis, atrajeron el 43% de las inversiones, representando el 28% de la población global y el 27% del PIB.

Para equilibrar la balanza y abordar las brechas persistentes, Irena refuerza la necesidad de aumentar los flujos financieros hacia el Sur Global. También es crucial reformar la forma en que se brinda apoyo internacional a estos países, con gobiernos y socios de desarrollo asignando recursos estratégicamente para fortalecer marcos políticos, regulaciones claras y mitigación de riesgos, construyendo así una cartera de proyectos financiables y orientados a la transición.

En el caso de los países emergentes, Irena destaca la necesidad de una planificación energética nacional integrada para mejorar los entornos de inversión, con gobiernos desempeñando un papel clave en la reducción de riesgos. La agencia menciona como ejemplo estructuras de financiamiento combinado, donde el sector público puede aportar pequeñas cantidades de capital para mitigar riesgos que el sector privado aún no puede asumir.

Por otro lado, Irena argumenta que el apoyo internacional debe movilizar capital de impacto, especialmente en forma de préstamos y subsidios concesionales de bajo costo, que no incrementen la deuda de los países. Además, para cumplir con la meta global, los proveedores de financiamiento deben apoyar a desarrolladores de proyectos que enfrentan dificultades para asegurar inversiones. Los actuales criterios estrictos de elegibilidad favorecen, en su mayoría, proyectos grandes, bien estructurados y de bajo riesgo, algo poco común en muchos países en desarrollo.

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