La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA AG), junto con el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), presentó un nuevo estudio que analiza trayectorias hacia una operación sin emisiones del sistema eléctrico nacional, incluyendo escenarios al 2030, 2035 y 2040. El informe detalla las condiciones técnicas y económicas necesarias para alcanzar este objetivo.
El estudio, titulado Análisis costo/beneficio de potenciales trayectorias hacia una operación cero emisiones del Sistema Eléctrico Nacional, actualiza un análisis previo realizado en 2022. En esta versión se incluyen nuevas proyecciones y escenarios de corto y mediano plazo, considerando factores como el retiro progresivo de generación fósil, el crecimiento de energías renovables variables, el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético y el rol de la demanda flexible como habilitador del sistema.
Según el documento, es viable eliminar la generación fósil hacia 2035, siempre que se garantice una expansión proporcional de renovables y almacenamiento y se mantengan los estándares de seguridad del suministro eléctrico. Además, se estima que incorporar demanda flexible podría evitar hasta 8,8 GW en nueva capacidad instalada, lo que reduciría costos y aumentaría la eficiencia operativa.
El análisis incluye escenarios extremos derivados de fenómenos climáticos adversos, como sequías o baja generación eólica. Frente a estas condiciones, se requerirían inversiones adicionales equivalentes a 6 GW en capacidad renovable y almacenamiento para asegurar la confiabilidad del sistema.
Otro hallazgo que se propone relevante es que la trayectoria actual de inversiones, centrada principalmente en energía solar con almacenamiento, podría implicar mayores costos comparada con una expansión más equilibrada que incluya generación eólica. Esto se debe a que la energía eólica, al operar tanto de día como de noche, exige una menor inversión en almacenamiento para cumplir con la misma demanda.
Finalmente, el estudio proyecta que para 2040 se necesitará duplicar la capacidad instalada actual del país, lo que significa alcanzar entre 60 y 70 GW, para cubrir nuevos consumos como la electromovilidad y la producción de hidrógeno. Esto requerirá una planificación coordinada en transmisión, almacenamiento y regulación que permita integrar eficientemente las nuevas tecnologías al sistema eléctrico nacional.
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