El administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin, ha anunciado en un vídeo que pretende poner fin de forma instantánea a unos 20.000 millones de dólares en programas de subvenciones para energías limpias. Los fondos son asignados por el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero de la Administración Biden.
«El acuerdo de agente financiero con el banco debe rescindirse al instante», dijo Zeldin.
«Revisaremos cada céntimo que haya salido por la puerta», dijo Zeldin. «Se acabaron los días en que se entregaban irresponsablemente montones de dinero a grupos activistas de extrema izquierda en nombre de la justicia medioambiental y la equidad climática».
Los fondos en cuestión forman parte del Fondo para la Reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GGRF), dotado con 27.000 millones de dólares y destinado a «movilizar financiación y capital privado para hacer frente a la crisis climática, garantizar la competitividad económica de nuestro país y promover la independencia energética, al tiempo que se reducen los costos de la energía y se revitaliza la economía de las comunidades que históricamente han quedado rezagadas».
El GGRF, creado en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, incluye el Fondo Nacional de Inversiones Limpias (NCIF), dotado con 14.000 millones de dólares y destinado a ampliar la financiación de proyectos de tecnologías limpias. Las organizaciones beneficiarias se están asociando con inversores del sector privado, desarrolladores, organizaciones comunitarias y otros para desplegar proyectos, movilizar capital privado a escala.
También incluye el Clean Communities Investment Accelerator (CCIA), dotado con 6.000 millones de dólares, que establece centros que proporcionan financiación y asistencia técnica a los prestamistas comunitarios que trabajan en comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos, proporcionando una vía inmediata para desplegar proyectos en esas comunidades, al tiempo que se crea la capacidad de cientos de prestamistas comunitarios para financiar proyectos durante años.
El tercer grupo de subvenciones es el programa Solar For All, dotado con 7.000 millones de dólares, que concedió fondos a 60 beneficiarios de subvenciones, incluidos estados, territorios, gobiernos tribales, municipios y organizaciones sin ánimo de lucro elegibles para ampliar el número de comunidades desfavorecidas y con bajos ingresos preparadas para la inversión en energía solar distribuida. Se espera que los fondos permitan a millones de hogares con bajos ingresos acceder a una energía solar asequible, resistente y limpia.
pv magazine asistió a la conferencia RE+ Northeast sobre energía solar y almacenamiento de energía celebrada en Boston el día anterior al anuncio de Zeldin. En una mesa redonda sobre el programa Solar For All, Vero Bourg-Meyer, subdirectora de la Clean Energy States Alliance (CESA), expresó la postura habitual del sector. Bourg-Meyer dijo que los fondos han sido comprometidos, y que la congelación de la financiación federal iniciada por la orden ejecutiva «Unleashing American Energy» (Liberando la energía estadounidense) del presidente Trump violaba la ley estadounidense.
El juez federal John McConnell, de Rhode Island, dijo que la Casa Blanca ha desobedecido su orden de restablecer los fondos federales anunciados. El juez federal sugirió que la Casa Blanca está actuando ahora en desacato al tribunal.
El administrador Zeldin dijo que la financiación estaba «diseñada a propósito para obligar a todo el dinero en un trabajo apresurado con una supervisión reducida». ¿Cómo deciden estas organizaciones cómo asignar los fondos? ¿Cuánto dinero han repartido hasta ahora?».
Zeldin cuestionó la transparencia de los programas, sugiriendo que había incertidumbre sobre cuánto dinero se desembolsaba y a quién. Sin embargo, el programa Solar For All, por ejemplo, se distribuyó a través de un programa de subvenciones competitivo. Cada beneficiario de una subvención ha hecho públicos planes de acción detallados sobre el destino de los fondos, incluido un análisis de los beneficios económicos y medioambientales. Lea más sobre el plan de acción de su estado o jurisdicción aquí.
En la mesa redonda de la conferencia RE+ Northeast, el Departamento de Recursos Energéticos de Massachusetts y la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York ofrecieron una visión completa y transparente de los programas de financiación, explicando exactamente cómo las empresas solares privadas pueden acceder a los fondos para estimular el crecimiento económico en su estado. Ambas organizaciones destinan aproximadamente entre el 80% y el 85% de los fondos a ayudas financieras directas para el acceso a proyectos solares por parte de personas con bajos ingresos, garantizando un ahorro mínimo del 20% en la factura eléctrica residencial. El 15% a 20% restante se asigna a la divulgación comunitaria y la administración del programa, dijo el panel.
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