En una conferencia organizada en la Universidad Católica de Uruguay (UCU), titulada “El impacto de las inversiones en energías renovables en Uruguay”, Tamara Schandy, socia de Exante, una empresa de servicios de asesoría económica y financiera, explicó que en el sistema eléctrico del país “con la introducción de las energías renovables a gran escala, hubo un enorme abaratamiento del Costo de Abastecimiento de la Demanda (CAD)”.
Schandy puntualizó: “El costo neto de abastecimiento de la demanda interna pasó de 597 millones de dólares promedio en el período 2007-2011 a 424 millones de dólares en el período 2015-2021”.
También agregó que incluso con un mayor consumo interno, el CAD unitario neto cayó un 50% en términos reales, y el descenso a nivel de CAD neto promedio anual fue del 1% del PIB.
A su vez, sumó la integrante de la consultora Exante, en la actividad se destacó que el abaratamiento del CAD fue un determinante clave en la mejora del resultado de la eléctrica estatal UTE; resultados que juzgó consistentes a los presentados por el Observatorio de la Energía y Desarrollo Sustentable de la UCU, tanto en 2021 como en 2023.
El referido estudio elaborado por la UCUDAL muestra que, si la capacidad de generación actual de energía eólica y solar uruguaya fuera sustituida por generación térmica con combustibles fósiles, el CAD de 2020 hubiese sido 368 millones de dólares superior al registrado, mientras que en 2021 el sobrecosto hubiese sido de 572 millones de dólares y de 671 millones de dólares en 2022. En el acumulado 2020 y 2022 el sobrecosto hubiese ascendido a 1.639 millones de dólares.
En ese sentido, la directora de Investigación en Energía del Observatorio de Energía y Desarrollo sustentable de la Universidad Católica de Uruguay, Lorena Di Chiara, afirmó: “Estamos hablando de un sobrecosto acumulado de 940 millones de dólares en el período respecto al escenario fáctico, con fuentes eólicas y fotovoltaicas”.
La Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (AUGPEE) difundió lo manifestado en la mencionada conferencia.
A su turno, el presidente de la entidad, Martin Bocage, puntualizó que, tras el impacto positivo alcanzado durante la primera transición energética, es clave que Uruguay actualice su marco regulatorio vigente para avanzar en lo que llamó la próxima transición.
“La segunda transición, que busca la sustitución de los combustibles de origen fósil de los otros sectores de la economía, va a requerir inversiones considerablemente mayores que la primera etapa y necesitará de un marco regulatorio actualizado que ayude a promocionar la instalación de ese tipo de infraestructura en el país”, dijo Bocage.
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