El Departamento de Defensa de Estados Unidos apuesta a las energías renovables

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El Departamento de Defensa (DoD) no es ajeno a los efectos nocivos del cambio climático. El DoD señala que el cambio climático ha ayudado a impulsar 13 mil millones de dólares en daños por desastres naturales y eventos climáticos extremos a más de diez bases del DoD de 2017 a 2021.

En particular, la Base Tyndall de la Fuerza Aérea en Florida sufrió 4.700 millones de dólares en daños en 2018 por el huracán Michael. El DoD estima que más de 1.700 instalaciones podrían verse afectadas por el aumento del nivel del mar. Como señaló un estudio de la Escuela Naval de Estados Unidos en 1990, esta amenaza va más allá de los cambios ambientales en nuestros océanos, costas y temperaturas, sino que ofrece riesgos para la seguridad nacional y exige cambios fundamentales.

Es posible que los adversarios de Estados Unidos ya hayan convertido en armas la energía y la dependencia mundial de los combustibles fósiles. Los recientes ataques de Rusia a la infraestructura energética ucraniana han puesto de manifiesto vulnerabilidades críticas que las microrredes podrían evitar. El despliegue de energías renovables reduce eficazmente los riesgos también en el campo de operaciones.

Un informe de 2009 de Deloitte correlacionaba directamente este riesgo señalando que el “creciente número de convoyes necesarios para transportar una necesidad cada vez mayor de combustibles fósiles es en sí mismo una causa fundamental de víctimas” debido al uso de artefactos explosivos. La cuestión se puso aún más de relieve en 2019, cuando drones iraníes atacaron instalaciones petrolíferas saudíes, dejando fuera de servicio el 5% del suministro mundial de petróleo y provocando un repunte del 20% en los precios del crudo. Como declaró el general James Mattis en 2003, el ejército estadounidense necesita ser “liberado de la atadura del combustible”.

Hoy esa “atadura” sigue siendo fuerte. El Informe Anual de Gestión Energética y Resiliencia del Departamento de Defensa de 2021 señala que “el Departamento de Defensa es la entidad que más energía consume en Estados Unidos, tanto dentro del gobierno federal como en comparación con cualquier otra entidad del sector privado”, y que “el consumo energético operativo y de las instalaciones del Departamento de Defensa representa aproximadamente el 76% del consumo energético federal”, 14 veces más que la siguiente agencia gubernamental, el servicio postal.

Para reducir estas emisiones masivas, el DoD tiene dos objetivos de energía renovable impuestos por el gobierno federal. El DoD aspira a alcanzar un 25% de energías renovables en 2025. En virtud del artículo 203 de la Ley de Política Energética, se prevé que el DoD consuma al menos un 7,5% de energía renovable como porcentaje del consumo total de electricidad después de 2013. Estos objetivos iniciales han contribuido a impulsar la adopción de energías renovables en todas las ramas militares. En 2021, el DoD alcanzó una producción o adquisición media del 15,8% de energía renovable, y un consumo del 6,5% del consumo total de electricidad de las instalaciones a partir de energías renovables, o 1,92 GWh a través de 2.127 proyectos de energía renovable.

Como resultado, en 2021 el DoD logró una reducción del 30,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la línea de base de 2008.

Los cambios recientes apuntan a un esfuerzo más centrado y estructurado que los anteriores objetivos impuestos por el gobierno federal. En 2021, el presidente Biden promulgó las Órdenes Ejecutivas 14.008 y 14.057. La OE 14008 exige que las consideraciones climáticas “sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos”. La OE 14.057 exige al “gobierno federal que predique con el ejemplo para lograr un sector eléctrico libre de contaminación por carbono para 2035 y emisiones netas cero en toda la economía para 2050 a más tardar”. En 2022, cada rama militar publicó una estrategia climática con metas y objetivos procesables para mejorar sus respectivas fuerzas y cumplir estas nuevas normas.

La Estrategia Climática del Ejército (ACS) es quizá la más sólida de todas ellas. La ACS identifica objetivos de reducción del 50% de las emisiones netas de GEI del Ejército para 2030, en comparación con los niveles de 2005, cero emisiones netas de GEI del Ejército para 2050, y una incorporación de las implicaciones del cambio climático para la seguridad en la estrategia, la planificación, la adquisición, la cadena de suministro y otros procesos. Hay tres “líneas de esfuerzo” que vinculan las tareas necesarias con estos objetivos.

La primera línea de esfuerzo se centra en las instalaciones, con el resultado estratégico de mejorar la resistencia y la sostenibilidad mediante la adaptación de las infraestructuras. Para lograrlo, el Ejército pretende instalar una microrred en cada instalación antes de 2035 y garantizar una electricidad 100% libre de emisiones de carbono para las instalaciones del Ejército antes de 2030. Las microrredes utilizan energía solar u otras fuentes de energía locales combinadas con almacenamiento de energía para generar energía para un edificio o grupo de edificios, lo que les permite funcionar en “modo isla” desconectándose de la red.

Uno de los objetivos de resistencia del Ejército es instalar una microrred en cada instalación para 2035. Éstas incluirán generación renovable y almacenamiento en baterías a gran escala, con el objetivo de poder “autoabastecer sus misiones críticas” en todas las instalaciones del Ejército para 2040. Además, el Ejército pretende reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de sus edificios para 2032, en comparación con 2005. Parte del plan consiste en que los vehículos ligeros no tácticos sean totalmente eléctricos en 2027, y que todos los vehículos no tácticos lo sean en 2035.

En agosto de 2022, el gobierno de Biden anunció la iniciativa Climate Smart Building, cuyo objetivo es modernizar los edificios federales al tiempo que se reducen las emisiones. Un proyecto de infraestructura y resiliencia energética de 140 millones de dólares en la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst (JBMDL) de Nueva Jersey forma parte de esa iniciativa e incluirá una instalación solar de 32 MW con un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 2 MW/ 4 MWh.

Además de reducir las emisiones en las bases militares, el Departamento de Defensa se centra en las adquisiciones y la logística para “aumentar la capacidad operativa al tiempo que se reduce la demanda de mantenimiento y se refuerza la resiliencia climática”. Esto incluye el desarrollo de cadenas de suministro resistentes y un proceso de adquisición limpio. Esto implicará alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en todas las adquisiciones del Ejército para 2050, lo que puede catalizar a los contratistas de defensa a realizar importantes inversiones en energías renovables.

Otro paso es la formación del personal en sostenibilidad. Por ejemplo, West Point anunció recientemente una asociación para crear un Consorcio de Infraestructura Sostenible, Resiliencia y Clima para “educar a los futuros líderes del Ejército sobre cómo la sostenibilidad y la resiliencia pueden aumentar la preparación de la fuerza y, al mismo tiempo, hacer frente a las amenazas del cambio climático”.

Solución bipartidista
Estos objetivos no son promesas vacías, ni un lavado de cara ecológico para ganar puntos políticos. Dado que el ejército estadounidense es una de las mayores fuentes de emisiones, sus esfuerzos de sostenibilidad no sólo tendrán un efecto positivo en el medio ambiente, sino que servirán de ejemplo del potencial de la inversión en energías limpias.

El Departamento de Defensa se encuentra en la posición única de poder invertir en esfuerzos de sostenibilidad con un importante apoyo bipartidista. Por ejemplo, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional 2023, aprobada en diciembre con una votación de 83-11. El nuevo proyecto de ley incluye 247 millones de dólares en financiación para mejorar la eficiencia energética y mitigar el riesgo logístico; 807 millones de dólares se destinan a la investigación y el desarrollo de energías limpias; y otros 2.000 millones de dólares se destinan a la resiliencia climática.

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