España pierde un arbitraje renovable y deberá pagar 128 millones de euros

España perdió el primer arbitraje internacional por los recortes a las energías renovables.

El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) dio parcialmente la razón a los inversores de tres proyectos termosolares, las sociedades Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg, y falló que el estado español deberá pagar 128 millones de euros más intereses, según un comunicado del Ministerio de Energía.

Después de que se diera a conocer este fallo, la asociación de productores fotovoltaicos Anpier reclamó también compensaciones para los inversores fotovoltaicos españoles. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han fallado de tal manera que no se contemplen indemnizaciones para los productores renovables tras recortes introducidos con los cambios regulatorios en los últimos años en España. A las cortes de arbitraje solo pueden acudir inversores extranjeros.

Actualmente hay decenas de casos de inversores internacionales por recortes a proyectos renovables, incluidos fotovoltaicos, pendientes de resolver en el Ciadi y el gobierno español descarta que este fallo, el primero contrario al estado español que se da a conocer, se pueda extrapolar “ni constituir un precedente vinculante para otros arbitrajes pendientes”. Además, el gobierno español señala que en dos arbitrajes renovables anteriores se falló en favor de España. Esos dos arbitrajes no se llevaron a cabo en el Ciadi.

Este fallo del Ciadi se centra en las consecuencias de la reforma eléctrica de 2013 y 2014. Con esta reforma, se canceló el esquema de tarifa para las instalaciones de energías renovables vigente anteriormente en España y se sustituyó por un complejo esquema de retribución.

El gobierno español indica en el comunicado que el fallo “no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el gobierno en 2013 y 2014” y estima parcialmente las reclamaciones de los inversores, que pedían más de 300 millones de euros. El gobierno también indica que este fallo establece que la compensación se produce por el daño considerado “excesivo” con la reforma eléctrica.