El gobierno de la comunidad autónoma española de Extremadura interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto-ley (RD-L) 9/2013 que contempla cambios en el sistema de retribución de las instalaciones de energías renovables. Según ha informado el gobierno regional en un comunicado, el consejo de gobierno ha acordado la presentación del recurso después de haber recibido el dictamen del Consejo Consultivo al respecto.
"Entendemos inconstitucional la modificación que se plantea del régimen jurídico y retributivo de las plantas de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con derecho a prima", ha afirmado la vicepresidenta del gobierno regional de Extremadura Cristina Elena Teniente Sánchez. Con el RD-L 9/2013 desaparece la tarifa para las instalaciones de energías renovables. En su lugar, el gobierno introduce un nuevo esquema de retribución en función de una serie de parámetros como el año de puesta en operación de la instalación.
Además de los perjuicios para los productores de energías renovables que conlleva esta regulación, Extremadura considera también que el daño es importante para los nuevos proyectos. "El Ejecutivo se posiciona firmemente a favor del desarrollo de las energías renovables, en especial de las tecnologías de base solar y de biomasa, que son esenciales para conseguir un modelo energético que sea sostenible, eficiente y competitivo, como nos está demandando la Unión Europea", ha añadido Teniente Sánchez.
La Comisión Europea se ha mostrado en repetidas ocasiones contraria a los cambios regulatorios a las instalaciones de energías renovables en operación que se han introducido en España. Además, recientemente la Comisión Europea señaló que no es probable que España vaya a cumplir con los objetivos comunitarios vinculantes de 20 por ciento de energías renovables en 2020. Así lo indicó la Comisión en una respuesta al diputado de Convergència i Unió (CiU) Ramón Tremosa el pasado mes de marzo.
Este es el quinto recurso de inconstitucionalidad que presenta el gobierno de Extremadura en contra de cambios regulatorios del gobierno central que perjudican a las energías renovables. El gobierno de esta comunidad autónoma también presentó recursos de inconstitucionalidad, entre otras regulaciones, contra el RD-L 14/2010, que contempla un recorte del número de horas con derecho a tarifa, y el RD-L 2/2013, con el que también se reduce la retribución a las instalaciones de energías renovables. (Redacción)
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