En Puerto Rico se instaló aproximadamente 1,2 GW en paneles solares en techos de residencias y comercios bajo las regulaciones de medición neta a junio de 2025, de acuerdo con LUMA, el operador privado del sistema eléctrico. IEEFA estima que estos sistemas generarán más de 1 800 GWh de electricidad al año, lo que representa cerca del 10,3 % del total del consumo eléctrico de la isla. Estas cifras no contemplan los sistemas solares off-grid, por lo que el porcentaje real podría ser aún mayor.
Según el reporte de IEEFA, la generación distribuida evidenció un crecimiento notable en los últimos años. La capacidad instalada en techos se multiplicó por cinco en los últimos cuatro años; durante el último año, se promediaron casi 3 200 nuevas instalaciones cada mes. LUMA proyecta que para mediados de 2028 la capacidad instalada sobre techos alcanzará cerca de 2 GW.
La red eléctrica de Puerto Rico sufre desde hace años de baja confiabilidad, con interrupciones frecuentes cuya duración y frecuencia empeoraron entre los años fiscales 2023 y 2025, métricas muy por encima del promedio de Estados Unidos.
El informe apunta que aproximadamente el 83 % de los sistemas solares en techos residenciales y comerciales cuentan con baterías de almacenamiento, lo que permite su operación durante apagones. LUMA inició un programa por el cual paga a clientes con baterías para despachar parte de la energía almacenada de forma centralizada; en julio de 2025, ese sistema despachó en promedio unos 40 megavatios durante horas pico.
El número de instalaciones residenciales supera las 163 000, lo que equivale a alrededor del 12 % de los clientes residenciales de la isla.
Aunque la generación distribuida avanza, se precisa que el gobierno de Puerto Rico lanzó una solicitud de propuestas para unos 3 000 MW de generación de gran escala, con preferencia por gas natural, lo que mantendría dependencia de generación centralizada y de combustibles fósiles importados.
Debe hacerse notar, también, que en 2017, cuando huracanes consecutivos destruyeron alrededor del 80% de la red eléctrica de Puerto Rico y provocaron la pérdida de miles de vidas, se aprobó la Ley 17, una política de transición a la energía 100% renovable para 2050.
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