La Asociación de Generadoras de Chile, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol) y la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM) han dado a conocer un nuevo comunicado en la que acusan al proyecto de ley del nuevo subsidio eléctrico del Gobierno chileno presentado al Congreso Nacionalde adolecer “de graves deficiencias” y de perjudicar “principios base sobre los que se desarrolla todo sector productivo”.
En el comunicado, se asegura “compartir la preocupación por encontrar mecanismos de ayuda para las familias más vulnerables de nuestro país para enfrentar el alza de las tarifas eléctricas”, aunque se puntualiza la falta de coherencia “con otras políticas públicas de subsidio y con una visión estable y de largo plazo para el correcto desarrollo de la industria eléctrica”.
En consonancia con el pedido realizado a principios de agosto pasado, se citan acciones tomadas desde el Estado a lo largo de los últimos cinco años, como, por ejemplo, “el congelamiento de precios de la energía” se detallan puntos de la propuesta gubernamental por los que se juzga de adolecer “de graves deficiencias y perjudica sustancialmente, al menos, los siguientes principios base sobre los que se desarrolla todo sector productivo que aporta al crecimiento de la economía y la generación de empleos del país”.
Así, se describe como puntois negatvos:
- Predictibilidad Jurídica: alterando de manera continua e intempestiva las condiciones regulatorias sobre las que la industria de generación ha desarrollado y colaborado con la política del Estado de Chile sobre transición energética y descarbonización.
- Confianza Legítima en la Autoridad Política: definiendo nuevas cargas públicas sin fundamentar sus medidas ni explicar los efectos sobre las personas y las empresas: consumo, niveles de precios, inflación y condiciones de inversión.
- Reparto Proporcional de las Cargas Públicas: estableciendo cargas tributarias de manera ad-hoc a sectores económicos determinados, sin considerar financiamiento alguno que provenga de un ejercicio de administración financiera eficiente y focalizada por parte del Gobierno.
Finalmente, se hace un llamamiento a una discusión que “permita encontrar respuestas necesarias, viables y expeditas para focalizar la entrega de un beneficio con cargo a fondos públicos y, a la vez, respetar las señales regulatorias”, desafíos que se sintetizan en “las condiciones de suministro, almacenamiento y transmisión eléctrica, que son determinantes para inyectar energía de precios competitivos en el sistema”.
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