Victor Ramírez, consultor de energía: “La Comisión Reguladora de Energía de México tiene parados 1,2 GW fotovoltaicos de proyectos ya terminados”

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Días atrás se conoció que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó permisos para construir centrales fotovoltaicas en Nuevo León, Coahuila y Estado de México por un total de 275 MW. De acuerdo con informaciones periodísticas, la justificación para denegar esos permisos es que en los próximos cuatro años se incrementará el congestionamiento de energía en el Sistema Eléctrico Nacional.

“Esta situación se viene dando desde la pandemia”, explica a pv magazine el consultor de energía Victor Ramírez. “Como en aquel momento no podía realizarse ningún movimiento, muchas empresas que ya tenían sus proyectos cerca de la fecha de entrega y no habían podido cumplir los tiempos, pidieron entrar en operaciones después; de eso se agarró la CRE para comenzar a denegar permisos”, agrega.

Ramírez cifra en aproximadamente 1,2 GW la capacidad total de los proyectos solares parados, “solamente esperando alguna modificación de los permisos para entrar a funcionar, lo mismo pasa con 500 MW eólicos”, dice.

Debe recordarse que el marco de esta situación es que en 2020 el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó el llamado “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”. Este acuerdo fue más tarde derogado por el poder judicial.

“En aquel momento -describe Ramírez- las empresas retrasaron, por la emergencia sanitaria, la construcción de sus parques, pidieron cambio de fecha de entrada en operación comercial, que es indicada en el permiso, y la CRE se los negó alegando que la pandemia ‘no era causa de fuerza mayor justificable’”.

Entre estos últimos deben incluirse los proyectos fotovoltaicos a desarrollar que solicitaron permiso, que suman cerca de 2 GW.

“Solicitar un permiso, cumplir con la ley, no es una concesión o un reconocimiento que da el Estado de algo que tú puedes hacer, todos los mexicanos tenemos derecho a generar eléctrica para nuestro uso o comercial”, puntualiza el consultor, y agrega lo que juzga una operatoria en el proceso de denegación.

“Les niegan lo que es la acreditación de la evaluación de impacto social, un estudio de las empresas desarrolladoras con la gente que vive alrededor del proyecto”, explica, y suma: “Es una buena práctica que antes tardaba meses en resolverse; ahora, años. Eso le sirve a la CRE mientras la Secretaría de Energía no resuelve, no les trámite, sin embargo, sí se les da permiso a las empresas del Estado”.

“Por ejemplo -continúa-, hay un proyecto de un parque solar en Puebla, de la empresa de automoción BMW, para instalar paneles solares en el techo de su fábrica, a la que se le ha negado el permiso con el pretexto de que se iba a construir una línea de alta tensión, cuando esa línea ya existe y es la que alimenta el propio parque industrial”.

Ramírez trae al caso de cómo ha disminuido las autorizaciones de despacho eléctrico. “El año pasado -dice- le disminuyeron su despacho eléctrico a la eólica de 21 TWh a 20,3 TWH y a la fotovoltaica de 17 TWh a 16,6 TWh”.

“Por otra parte -sigue- la carboeléctrica pasó de 8 TWh a 14 TWh, en tanto, el ciclo combinado tuvo un incrementó de 184 TWh a 193 TWh”.

Respecto del argumento dado desde la CRE de que expedir permisos incrementará el congestionamiento de la red eléctrica, pone el caso del actual proyecto estrella del Gobierno, la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora. “Una de las quejas de la actual administración fue que hasta su llegada toda la generación fotovoltaica se había ido al norte, y resulta que es en ahora donde lo están haciendo; por cierto, en un Estado en donde justamente no se necesita y a 600 km del punto más cercano de consumo”, explica Ramírez.

Finalmente, ante el caso alegado por el propio presidente Andrés López Obrador sobre la corrupción que había habido en el sector renovable en la anterior presidencia, Ramírez fue preciso: “No hay ninguna causa judicial sobre ese tema”.

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