El gasto en energías limpias destinado por los gobiernos en respuesta a la crisis de Covid-19 se ha incrementado en un 50% en los últimos cinco meses y ya supera los 710.000 millones de dólares en todo el mundo, aunque existen preocupantes desequilibrios entre regiones, según la última actualización del Rastreador de Recuperación Sostenible de la Agencia Internacional de la Energía (IEA).
Esta cantidad sin precedentes de gasto es superior en más de un 40% al gasto mundial contenido en los paquetes de estímulo que los gobiernos promulgaron tras la crisis financiera mundial de 2008.
Las economías avanzadas representan la mayor parte de este esfuerzo, con más de 370.000 millones de dólares que pretenden invertir antes de finales de 2023, un nivel de gasto gubernamental a corto plazo que ayudaría a mantener la puerta abierta para el camino mundial de la AIE hacia las emisiones netas cero para 2050.
Sin embargo, en las economías emergentes y en desarrollo, la cantidad total de recursos fiscales que se dedican a las medidas de recuperación sostenible es una décima parte de la cantidad en las economías avanzadas, lo que refleja sus muy diferentes circunstancias financieras y económicas. En concreto, se han previsto unos 52.000 millones de dólares de gasto en recuperación sostenible para finales de 2023. Según la IEA, es poco probable que la brecha se reduzca a corto plazo, ya que los gobiernos cuentan con medios fiscales limitados y se enfrentan ahora al reto de mantener la asequibilidad de los alimentos y el combustible para sus ciudadanos en medio del aumento de los precios de las materias primas tras la invasión de Rusia en Ucrania.
Según Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE, «la cooperación internacional será esencial para cambiar estas tendencias de inversión en energía limpia, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo, donde la necesidad es mayor».
Incluso en las economías avanzadas, algunos de los fondos asignados corren el riesgo de no llegar al mercado en los plazos previstos. Los retrasos en la puesta en marcha de los programas gubernamentales, las continuas interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y la incertidumbre financiera han atascado los proyectos. Además, las medidas dirigidas a los consumidores -como los incentivos para la rehabilitación de edificios y los vehículos eléctricos- tienen dificultades para llegar a un público más amplio debido a problemas como la burocracia y la falta de información.
«Los gobiernos que puedan eliminar la burocracia y establecer rápidamente programas eficaces serán los que cosechen los beneficios y se posicionen en la nueva economía energética mundial que está surgiendo», añade el Dr. Birol.
El aumento de los precios de los combustibles fósiles, agravado por la invasión rusa de Ucrania, ha empujado a los gobiernos tanto a promulgar medidas inmediatas para hacer más asequible la energía como a explorar los esfuerzos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
En general, el gasto público en energía sostenible sigue siendo una pequeña proporción de los 18,2 billones de dólares de partidas fiscales sin precedentes que los gobiernos han dedicado a contrarrestar los impactos económicos de Covid-19.
Sin embargo, la AIE estima que el gasto público que se ha destinado antes de 2023 podría respaldar inversiones sostenibles por valor de más de 1,6 billones de dólares al movilizar mayores niveles de participación del sector privado.
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