La Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Asociación de Alcaldes han aprobado un informe que solicita un 50 % de electricidad renovable para 2035 y un 100 % para 2050. El proyecto cuenta con el apoyo de 12 asociaciones de la industria de Puerto Rico, institutos académicos y organizaciones sin ánimo de lucro. Su postura es contraria a los nuevos planes de infraestructura fósil de la compañía eléctrica de Puerto Rico, PREPA.
Ahora, con 98 % de generación a partir de combustibles fósiles, el precio de la electricidad de Puerto Rico es el mas alto solo por detrás de Hawái. Si bien ningún estudio ha estimado el potencial de ahorro que supondría implantar la solar para Puerto Rico, un estudio realizado en Hawái, que al igual que Puerto Rico depende de los costosos combustibles fósiles importados a través del mar, encontró que una rápida implantación de instalaciones solares podría ahorrar entre $ 3 y $ 7 mil millones. Y el año pasado, AES propuso solar más almacenamiento para Puerto Rico a 11 centavos por kilovatio-hora, 40 por ciento menos que los costos de electricidad al por mayor.
El informe de Puerto Rico exige que “no haya nuevas inversiones en costosos contratos de generación de fósiles a largo plazo” que podrían limitar las inversiones en energías renovables. Las plantas de combustibles fósiles existentes, según el informe, “deberían retirarse lo antes posible”.
Para ayudar a garantizar que se alcancen los objetivos de las energías renovables, el informe destaca la necesidad de que exista un regulador independiente con poderes de ejecución, así como un “marco regulatorio moderno” y un plan de recursos integrado (IRP).
La PREPA no estuvo regulada hasta 2014, cuando la legislatura creó la Comisión de Energía de Puerto Rico (ahora la Oficina de Energía), con autoridad para aprobar, rechazar o modificar el IRP.
El informe solicita un “esfuerzo inicial de IRP” que se centre en conseguir un 50 % de renovables para 2035. Debido a que la PREPA actualmente planea vender activos por su alto endeudamiento, el informe exige que los contratos de privatización resultantes “cumplan con el IRP”.
La planificación anterior no fue eficiente, pues la PREPA no cumplió con el estándar de renovables de Puerto Rico del 12 por ciento para 2015.
El informe de colaboración, incluidos sus objetivos, resulta de un proceso de consulta destinado a generar confianza entre los participantes y fomentar la colaboración. Cada participante fue entrevistado, luego recibió notas anónimas de todas las entrevistas participantes y participó en cuatro días de talleres facilitados por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico y el Instituto Rocky Mountain de Colorado. Los talleres incluyeron presentaciones de expertos de la industria y académicos.
El calendario del informe, disponible tanto en español como en inglés, permite que sus conclusiones se usen como base para las discusiones a medida que Puerto Rico desarrolla una nueva política energética y un marco regulatorio para fines de año, como lo exige la Ley 120 del Estado.
A principios del próximo año, para promover aún más el debate sobre las oportunidades de almacenamiento y energía solar, la Smart Electric Power Alliance planea celebrar una conferencia en Puerto Rico, en colaboración con la Asociación de Almacenamiento de Energía y Energía Solar de Puerto Rico.
Artículo escrito por Will Driscoll, MPA, JD, analista de políticas ambientales y de energía que ha trabajado principalmente para la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos través de ICF Consulting.
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