El experto en energía Javier García Breva reiteró el jueves que existe una base jurídica para reclamar en los tribunales nacionales e internacionales frente a la reforma energética que prevé aprobar próximamente el gobierno español. Durante una jornada sobre seguridad jurídica y defensa de las energías renovables, en la que también han participaron el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) Jaume Margarit y el abogado José Antonio Martín Pallín, se puso de relieve lo perniciosa que puede ser la reforma energética de aprobarse como está prevista en su estado actual, que contempla, entre otros un nuevo esquema de retribución para las enenergías renovables basado en lo que el gobierno ha llamado concepto de rentabilidad razonable. Se debe exigir seguridad jurídica para las energías renovables, señalaron los ponentes.
"Existe base jurídica suficiente para establecer reclamaciones judiciales en el ámbito nacional e internacional. La reforma eléctrica adolece de un déficit democrático porque no se ha escuchado a ninguna de las partes afectadas por decisiones que afectan a millones de consumidores y decenas de miles de productores fotovoltaicos", afirmó Breva. Por su parte, Pallín, quien también es ex magistrado del Tribunal Supremo, subrayó que las reclamaciones conjuntas cobran una mayor fuerza. "Fotovoltaicos del mundo, uníos", añadió.
Durante el evento "Fundamentos de una estrategia procesal ante la reforma eléctrica", que ha coordinado La Oficina de Javier García Breva, también se hizo un llamamiento para tratar de frenar la aprobación de la reforma energética como está prevista por el gobierno.
"Aunque sea muy difícil hay que agotar todas las posibilidades para que esta reforma no se apruebe en sus redactados actuales. Debemos agotar todas las vías disponibles para defender prioritariamente las inversiones ya realizadas, pero también hay que velar por las expectativas de futuro de las energías renovables. Para ello es necesario juntar esfuerzos", dijo Margarit.
Por otro lado, Breva hizo hincapié en la falta de visión del gobierno. "El no reconocimiento del valor de las renovables constituye un riesgo estratégico para el futuro", afirmó.
El gobierno español prevé aprobar la reforma energética próximamente. Para la energía fotovoltaica supone, entre otros, el quinto cambio regulatorio para las instalaciones en operación. Tras la eliminación en julio de la tarifa fotovoltaica, el gobierno prevé aprobar ahora los parámetros de la nueva retribución para las plantas concernidas en operación. (Redacción)
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