El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó el pasado viernes el proyecto de ley de reforma energética contra el que se había pronunciado tanto la Comisión Nacional de Competencia (CNC) como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que ampara, entre otros, la supresión de las primas y el peaje de autoconsumo.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló en rueda de prensa que el texto que se remitirá a las Cortes para su ratificación es básicamente el mismo y que no se ha atendido a las objeciones de la CNE contra el "peaje de respaldo" que se impone a las instalaciones en régimen de autoconsumo por encontrarlas inapropiadas. El gobierno va a imponer un peaje a la electricidad que se produzca en el propio tejado y se autoconsuma, a pesar de que en ningún momento se vierta ni un kilovatio hora a la red, puesto que "de lo contrario, cuando la utilizaran [la red] todos los demás estaríamos ayudándole a pagar una parte de su consumo", afirma Soria. Esta medida, que la CNE y la CNC consideran discriminatoria para aquellos que pretenden ahorrar, ha sido tildada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de "impuesto al sol" y será recurrida por la asociación no solamente ante tribunales españoles sino también europeos.
En su comunicado, UNEF indica que este peaje no solamente es "como cobrarte por ir a trabajar en bicicleta en vez de coger el coche" sino que supone pagar dos veces por el mismo concepto, "ya que los autoconsumidores ya están pagando un coste fijo en su factura de la luz, el llamado término de potencia, por el derecho a utilizar la red tradicional". Tras la imposición de la moratoria renovable en 2012, el autoconsumo era la única vía de supervivencia del sector solar español. Según indica no solamente las asociaciones solares, sino también la CNE y la CNC, el peaje de respaldo hace esta práctica "inviable".
En cuanto a los estándares que regularán la retribución de las instalaciones fotovoltaicas ya existentes y adscritas al ahora abolido sistema de primas, Soria indicó que estarían listos en la primera quincena de noviembre y que serían impuestos puntualmente a fecha 1 de enero de 2014. La normativa ahora aprobado por el Consejo de Ministros ampara que las tarifas fotovoltaicas garantizadas a las instalaciones renovables por anteriores decretos sean sustituidas por una "rentabilidad razonable" de la inversión del 7,5 por ciento. Para ello no se tomarán los costes individuales de cada instalación, sino que se estipularán unos estándares tipo que serán determinados por las consultoras Boston Consulting y Roland Berger Strategy Consultants. El gobierno pagará por estos servicios más de un millón de euros en una contratación que se ha realizado por invitación a siete consultoras y no por licitación como establece la ley. Según indica la prensa nacional, cuatro de las consultoras invitadas declinaron la invitación por incompatibilidad al trabajar con las empresas afectadas por la nueva regulación, entre ellas Deloitte y McKinsey. (Redacción)
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