La Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anpier) ha pedido a los gobiernos de los más de 300 municipios españoles en los que hay instalados sistemas fotovoltaicos que cumplan con el Reglamento de Bienes de la Entidades Locales y defiendan ante el gobierno central sus intereses en relación a los cambios regulatorios que afectan a la fotovoltaica. Para ello, la asociación ha escrito a más de 300 alcaldes, entre ellos los de grandes urbes como Barcelona, Bilbao o Leganés.
Anpier les recuerda que el Real Decreto Ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico de 13 de julio, daña sus intereses y que los ayuntamientos están obligados a defender sus bienes y sus derechos.
"Les insto a que hagan las gestiones necesarias para que se restituya la situación jurídica que le llevó a su entidad a acometer la inversión de una instalación fotovoltaica, o bien a solicitar al Gobierno de España que le restituya inmediatamente los daños patrimoniales que el retroactivo cambio normativo le ha de suponer a las arcas públicas que Usted representa", indica el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca en su carta a los ayuntamientos.
Además, la asociación ha ofrecido a los municipios asesoramiento para su defensa jurídica. Anpier ya trabaja en la defensa de miles de productores fotovoltaicos afectados por cambios regulatorios retroactivos en España.
Desde el año 2010, se han producido varios cambios en la remuneración de las instalaciones fotovoltaicas en España. El pasado mes de julio, el gobierno español anunció una modificación radical del sistema de remuneración para las renovables en España. Con ello, desaparecía la tarifa fotovoltaica que será sustituida por un nuevo esquema cuyos detalles todavía no se han hecho públicos. (Redacción)
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