El gobierno de Extremadura llevará al Constitucional la reforma energética española

La comunidad autónoma de Extremadura interpondrá en los próximos días un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética que plantea el gobierno español. Concretamente contra el Real Decreto-Ley (RD-L) 2/2013, normativa por la cual se suprimen las tarifas que venían percibiendo las instalaciones renovables, sustituyéndolas por una rentabilidad del 7,5 por ciento sobre la inversión. Las diferentes normativas a las que da pie este RD-L, y que forman parte de la reforma, aún están pendiente de aprobación, aunque algunos de las propuestas de decreto han sido negativamente valoradas por la Comisión Nacional de Energía. El recurso contra el Real Decreto-Ley (RD-L) 2/2013 que presentará Extremadura ante el Tribunal Constitucional se suma al ya presentado por la Comunidad de Murcia y al que prepara Navarra.
Este es el cuarto recurso de inconstitucionalidad que el gobierno regional interpone contra normativas energéticas adoptadas por el ejecutivo central, tres de ellas aprobadas bajo el mandato de su mismo Partido Popular. El primero de los recursos fue por el recorte retroactivo de horas de producción impuesto por el entonces gobierno socialista mediante el RD-L 14/2010. También presentó recurso contra la moratoria renovable decretada en febrero de 2012 (RD-L 1/2012), primera medida energética adoptada por el Partido Popular tras salir vencedor en las urnas. El tercer recurso extremeño ante el Tribunal Constitucional se interpuso contra el RD-L 20/2012, normativa que establece un suplemento territorial en los peajes de acceso para las comunidades autónomas que gravan las actividades eléctricas.
El gobierno extremeño dice no oponerse a una reforma energética, una medida que estima necesaria. No obstante, la planteada por el gobierno "no es la que necesita este país", según dijo ayer en el Pleno del Parlamento extremeño José Antonio Echávarri, consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la comunidad. Echávarri también señaló el carácter "unilateral, sin consenso y sin transparencia" con el que se ha gestado la reforma y criticado el carácter retroactivo de la misma, que además de atentar contra la seguridad jurídica "hipotecará el desarrollo de las renovables".
La decisión de interponer recurso de inconstitucionalidad contra el RD-L 2/2013 ya es "firme" y el gobierno regional formalizará "en los próximos" la articulación del recurso, indicó Echávarri. (Redacción)