Greenpeace considera que el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) "desautoriza" totalmente la propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo que le fue remitida por el Ministerio de Industria de España para su valoración. En un comunicado, la organización ecologista "celebra" que las alegaciones por ellos presentadas en julio hayan sido escuchadas por la CNE. Greenpeace manifestó al regulador la necesidad de realizar una profunda modificación del texto al ser claramente discriminatorio para el usuario e ir en contra del ahorro y la eficiencia, puntos en los que el informe de la CNE coincide plenamente. No obstante, cabe recordar que este informe tiene un mero carácter consultivo y no es vinculante.
El punto más conflictivo es el llamado "peaje de respaldo" que el Ministerio de Industria pretende imponer a las instalaciones por la electricidad autogenerada y autoconsumida. Greenpeace considera "fuera de toda lógica" este cobro y estima que sólo se debería pagar por la energía consumida de la red. El esquema de autoconsumo en España no ampara una retribución monetaria por el excedente vertido a red, lo que Greenpeace encuentra también discriminatorio con respecto a otras tecnologías no renovables. También advierte de la "inaudita coincidencia" en los términos de la propuesta del Real Decreto con los argumentos y premisas de la patronal de las grandes eléctricas Unesa y señala que el término peaje de respaldo fue "acuñado e insistentemente defendido por Iberdrola", eléctrica que pertenece a la patronal.
Entre los muchos "insentidos" recogidos en el borrador de normativa de autoconsumo, Greenpeace destaca las desmesuradas sanciones previstas para aquellas instalaciones que no se adscriban al Registro administrativo de autoconsumo, que podrían alcanzar hasta 60 millones de euros. A dicho registro deben inscribirse todas las instalaciones que cuenten con un punto de conexión a la red eléctrica, aunque toda la electricidad producida quede en su red interna y no viertan ningún kilovatio hora a la red. Solo quedan exentas de dicho registro las instalaciones aisladas de la red.
Greenpeace tilda de "muy grave" el que el gobierno se preste a servir solo a los intereses particulares de las eléctricas en perjuicio del interés general. Por ello, "el decreto presentado por el gobierno tiene que ir directamente a la papelera", reclama Julio Barea, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace España. (Redacción)
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