La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha valorado negativamente la propuesta de reforma eléctrica remitida por el gobierno español para su valoración. Aunque su informe solamente tiene carácter consultivo y no es vinculante, la CNE estima que el cambio del modelo de retribución (de la anterior tarifa fotovoltaica a la rentabilidad razonable del 7,5 propuesta) genera "grandes incertidumbres". El regulador hace referencia directa a que los parámetros para establecer esa rentabilidad durante toda la vida de la instalación estén todavía por definir y, además, que estos no solamente afecten a las instalaciones ya existentes sino que también sean estándar y no tomen en cuenta la inversión individual de las instalaciones. En su opinión, esto podría conducir a que la "retribución a la inversión sea negativa", por lo cual debería ser "expresamente excluida en el texto de la propuesta" hasta que se conozcan los parámetros retributivos. Además, el regulador hace hincapié en que la información adjunta a la propuesta es "muy escueta" y no justifica gran parte de los cambios introducidos.
La CNE tampoco ve apropiadas las prisas con las que el gobierno ha gestado esta normativa, que coincide en tiempo con diversos Reales Decretos y Órdenes Ministeriales. Tramitado con carácter de urgencia, el borrador de Real Decreto concedía a la CNE 15 días para su valoración. "No se garantiza la participación efectiva de los agentes involucrados", dice el regulador en su informe. Los colectivos renovables afectados también se han quejado de la urgencia con la que se les conminaba a presentar alegaciones y, además, en plenas vacaciones estivales.
El "peaje de respaldo" propuesto para las instalaciones en esquema de autoconsumo tampoco ha sido visto con buenos ojos por el regulador. La pretensión del gobierno era cobrar una tasa por la electricidad autogenerada, incluso en el caso de que ningún kilovatio hora salga de la red interna. La CNE estima en su informe sobre la normativa de autoconsumo que establece un trato “discriminatorio” con respecto a otros consumidores, al obligar a estos productores-consumidores a abonar un peaje por la energía ahorrada. Considera que no se debería pagar por los desvíos que causan al sistema, puesto que la demanda y producción de la electricidad se producen en el mismo punto, así como considera desorbitadas las sanciones previstas para aquellas instalaciones que no se hayan inscrito en el Registro administrativo de autoconsumo (de hasta 60 millones de euros) y propone que se establezca otro baremo de sanciones. Según la CNE, la aplicación de esas medidas harían "inviable las modalidades de suministro y producción con autoconsumo", además de ser contrarias a las Directivas Europea. (Redacción)
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