En un comunicado de prensa, la Plataforma indica haber recibido a finales de agosto constatación de la Comisión Europea de su voluntad de abrir expediente administrativo contra el que llaman "tasazo eléctrico" y al que consideran contrario a las renovables y al Derecho europeo. España contará ahora con un plazo de diez semanas para informar a la Comisión sobre dicho impuesto indirecto. De no estar conforme con la respuesta presentada por el gobierno de España, la Comisión iniciará un procedimiento de incumplimiento la Directiva Europea 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía renovable y que vela por el cumplimiento del objetivo europeo de conseguir que en 2020 el 20 por ciento de la energía proceda de fuentes limpias.
Esta es la segunda de una serie de seis denuncias, de las cuales tres ya han sido presentadas, en las que la Plataforma solicita a la Comisión Europea inicie diversos procedimientos de incumplimiento contra España por su legislación relativa al sector eléctrico.
La Plataforma espera que esta decisión de la Comisión sirva para que España rectifique las actuales propuestas normativas de renovables y autoconsumo, y derogue el Real Decreto-Ley 9/2013, "que aplica recortes retroactivos a la retribución a las energías renovables de dudosa conformidad con el Derecho Europeo", indica la Plataforma en el comunicado.
Con el Real Decreto-Ley 9/2013, España sustituyó en julio de este año la tarifa fotovoltaica asignada a las instalaciones ya en operación por una rentabilidad "razonable" del siete por ciento de la inversión antes de impuestos. Para establecer dicha rentabilidad, que se contempla durante toda la vida del proyecto, el gobierno no tomará los costes individuales de cada instalación, sino que establecerá una "instalación tipo". El gobierno gastará un millón de euros para contratar a tres consultoras externas que determinen dicho valor tipo, aunque las bases la licitación por la que se contratará a las consultoras no se han hecho públicas. Respecto al autoconsumo, el borrador de normativa contempla que en este esquema el autoproductor pague también un "peaje de respaldo" de 0,9 céntimos de euro por cada kilovatio hora que él mismo haya producido y consumido, incluso cuando su instalación no vierta un solo kilovatio hora a la red. Todas las instalaciones fotovoltaicas que consuman parcial o totalmente su electricidad, salvo las aisladas, están obligadas a darse de alta en un registro especial, y se establecen penalizaciones de hasta 60 millones de euros para quien infrinja esta norma. En opinión de la Unión Española Fotovoltaica, esto no solamente "impide el autoconsumo de electricidad", sino que además desaparece la "única opción que tenía el sector fotovoltaico para sobrevivir a corto plazo en España" tras la moratoria impuesta a las renovables en diciembre de 2010. (María Sarado)
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