Un tribunal federal ha ordenado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su acrónimo en inglés) que considere la financiación de la energía solar distribuida y el almacenamiento en Puerto Rico, ya que sigue destinando fondos para reconstruir la red eléctrica del territorio tras el huracán María de 2017.
El tribunal consideró que la FEMA violó la Ley Nacional de Política Ambiental al no preparar una declaración de impacto ambiental que considerara la energía solar en tejados y el almacenamiento como opciones para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico, especialmente porque la opción de la energía renovable «se presentó a la FEMA durante el período de comentarios públicos». El plan de reconstrucción actual de la FEMA se centra en la generación de energía fósil.
«El expediente muestra claramente que las alternativas de energía renovable eran razonables y viables», determinó el tribunal.
La orden judicial es el resultado de una demanda presentada en 2023 por el Centro para la Diversidad Biológica y ocho grupos comunitarios puertorriqueños.
El director de programas de uno de estos grupos, Federico Cintrón Moscoso, de El Puente de Williamsburg, afirmó que la decisión judicial «reconoce que la alternativa que hemos promovido durante años —un sistema renovable y distribuido— es viable y debe tenerse seriamente en cuenta a la hora de asignar fondos públicos».
El tribunal ordenó a la FEMA que preparara una declaración de impacto ambiental que analizara la energía renovable distribuida como alternativa a los combustibles fósiles. Sin embargo, el tribunal no ordenó a la FEMA que dejara de comprometer fondos hasta que se completara la nueva EIA.
Cuando se le preguntó a la FEMA si suspendería la contratación de proyectos de reconstrucción de la red eléctrica hasta que se completara la EIA, envió un correo electrónico de respuesta automática en el que hacía referencia al cierre parcial del Gobierno.
«Esta es una gran victoria para las comunidades puertorriqueñas que han sufrido durante mucho tiempo una red eléctrica inestable y contaminante y que quieren energía solar en los tejados fiable y segura para el clima», dijo Howard Crystal, director jurídico del Centro para la Diversidad Biológica. «Esperamos con interés la nueva revisión de la FEMA que incorpore estas alternativas».
En un comunicado, el Centro afirmó que el presidente Trump ha «iniciado una guerra ideológica contra la energía limpia» y ha «recortado drásticamente la financiación de la FEMA para catástrofes», pero señaló que «este caso se refiere a fondos que el Congreso ya asignó a Puerto Rico» tras el huracán María.
Fondos restantes
La importancia práctica de la orden judicial depende de cuándo la FEMA complete una nueva EIS, de si dicha EIS muestra que los fondos de la FEMA deben destinarse a proyectos de energía solar y almacenamiento distribuidos, y de la cantidad de fondos de la FEMA que queden por asignar en ese momento.
Sin embargo, resulta difícil determinar incluso la cantidad de fondos de la FEMA que quedan por asignar en este momento, ya que la FEMA no ha hecho pública esta información.
Una publicación de septiembre de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, que proporciona datos sobre los fondos restantes disponibles de la FEMA, presenta dos conjuntos de datos contradictorios.
La publicación muestra que los fondos «totales disponibles» de la FEMA para la recuperación de la red eléctrica tras el huracán María procedentes de dos cuentas ascienden a 17 000 millones de dólares, pero muestra dos valores diferentes para la cantidad de fondos comprometidos contractualmente o acordados de otro modo hasta la fecha. Un valor muestra 6000 millones de dólares comprometidos de ambas cuentas, lo que sugiere que quedan 11 000 millones disponibles. El otro valor muestra 13 000 millones de dólares comprometidos de una sola de las cuentas, lo que sugiere que pueden quedar hasta 4000 millones disponibles.
La FOMB no respondió de inmediato a una solicitud para aclarar sus datos.
Argumentación
En la demanda que dio lugar a la orden judicial, los demandantes citaron estudios del Departamento de Energía y del Laboratorio Nacional de Energía Renovable que muestran que las instalaciones solares en tejados y las microrredes solares pueden resolver los problemas de la red eléctrica de Puerto Rico, en gran parte porque no dependen de líneas de transmisión que son susceptibles de sufrir daños por huracanes.
Los demandantes también citaron un estudio de 2021 que concluía que una red con un 75 % de energía renovable distribuida era viable para Puerto Rico y resultaría menos costosa que la red actual. Los demandantes afirmaron que el estudio concluía que equipar cada hogar de Puerto Rico con 2,7 kW de energía fotovoltaica y 12,6 kWh de batería de respaldo podría proporcionar 2,7 GW de capacidad.
Los demandantes también señalaron la ley de Puerto Rico de 2019 que establecía el objetivo de alcanzar el 40 % de la generación de electricidad a partir de recursos renovables para 2025, aumentando al 100 % para 2050.
El huracán María causó daños catastróficos en las líneas de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico en 2017, provocando un apagón prolongado en el que murieron miles de personas.
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