La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de California (CALSSA, por sus iniciales en inglés) presentó una denuncia formal ante la Comisión de Servicios Públicos de California contra dos de las mayores empresas eléctricas del estado, propiedad de inversores, por su presunto incumplimiento de los plazos establecidos por el estado para las solicitudes de interconexión.
La CALSSA solicitó a la Comisión que multara a Pacific Gas & Electric (PG&E) y Southern California Edison (SCE) con 10 millones de dólares por incumplimiento.
Los clientes de energía solar en tejados deben solicitar la aprobación de la empresa eléctrica para instalar el equipo. Las empresas eléctricas revisan las solicitudes de interconexión para garantizar que la red cuenta con la infraestructura adecuada para soportar la exportación de electricidad desde los sistemas solares de los tejados de los clientes. El estado exige que las empresas eléctricas realicen el proceso de revisión dentro de los plazos especificados.
CALSSA afirmó que las dos empresas de servicios públicos ignoran habitualmente los plazos establecidos por el estado, lo que provoca grandes retrasos en las instalaciones solares. Esto conlleva un aumento de los costos para los contribuyentes, ya que deben equilibrar los costos de financiación y construcción del proyecto solar, pero aún no pueden reducir sus compras de electricidad a las empresas de servicios públicos hasta que obtengan el permiso para operar el sistema.
«Existen normas claras sobre el tiempo que las empresas de servicios públicos pueden tardar en realizar su revisión, pero estas normas no se han aplicado en absoluto», afirmó Kevin Luo, director de políticas y desarrollo de mercado de CALSSA. «PG&E y SCE se salen con la suya al suprimir lo que consideran su competencia».
La Comisión de Servicios Públicos de California creó en 2020 una norma que exige a las empresas de servicios públicos cumplir los plazos establecidos para la interconexión y la aprobación del sistema en al menos el 95 % de los proyectos pendientes. Las empresas de servicios públicos están obligadas a informar de los índices de cumplimiento en sus informes trimestrales. Según sus informes trimestrales, en tres de las etapas del proceso obligatorio, las empresas de servicios públicos han tenido índices de cumplimiento de tan solo el 27 %, y los plazos de las otras tres etapas solo se cumplen entre el 53 % y el 81 % de las veces. Los índices no han mejorado con el tiempo desde la orden de 2020.
«Está claro que si no se exige responsabilidades a PG&E y SCE, seguirán ignorando de forma flagrante los requisitos destinados a que presten un servicio razonable a sus clientes», afirmó Luo.
CALSSA dijo que espera que un juez administrativo de la comisión estatal revise la denuncia en los próximos meses y determine si se justifican las multas.
Las grandes empresas de servicios públicos propiedad de inversionistas de California han adoptado desde hace tiempo una postura contraria a la energía solar en los tejados y han culpado a esta de las altas tarifas eléctricas en el estado. Sin embargo, en los últimos 20 años, a pesar del consumo eléctrico estable, el gasto en transmisión y distribución de las empresas de servicios públicos ha aumentado un 300 %.
Según la Comisión de Servicios Públicos de California, las tres mayores empresas eléctricas del estado, PG&E, SCE y SDGE, han aumentado las tarifas de sus clientes en un 110 %, un 90 % y un 82 %, respectivamente, durante la última década. CALSSA afirmó que la estructura fundamental de las empresas privadas de servicios públicos del estado ha creado un incentivo perverso para gastar de forma ineficiente. Cuanto más capital gastan las empresas de servicios públicos en infraestructura, más aumentos de las tarifas eléctricas pueden conseguir que se aprueben. Cuanto más se incrementan las tarifas, mayores son los beneficios.
«Conseguir que las empresas de servicios públicos dejen de luchar contra la energía solar de los clientes es, en última instancia, lo que se necesita en California y en todo el mundo», afirmó Brad Heavner, director de políticas de CALSSA.
En otro caso en curso, la Suprema Corte de California devolvió un caso al tribunal de apelaciones y ordenó otra revisión de la decisión de reducir las tarifas de medición neta de la energía solar en tejados. El cambio de política redujo el ahorro potencial en la factura de electricidad de invertir en energía solar en tejados en una media de unos 63 dólares al mes.
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