El Congreso nacional recibió un proyecto de ley —presentado por los diputados Lorena Villaverde y Martín Maquieyra, respectivamente presidenta y vicepresidente primero de la Comisión de Energía y Combustibles, ambos del oficialista La Libertad Avanza— que propone prolongar hasta el 31 de diciembre de 2045 las exenciones a tributos, cánones y regalías vinculadas con fuentes de energía renovable.
Además, el texto propone eliminar la obligación de que los grandes consumidores adquieran energía exclusivamente a través de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), lo que podría permitir contratos directos o autogeneración.
También propone establecer mecanismos para diversificar tecnologías y regiones, al mismo tiempo que busca aportar mayor claridad normativa para reducir litigios y dar previsibilidad a las inversiones.
El proyecto entiende que la exención impositiva vigente, prevista originalmente para vencer a fines de este año, requiere una prolongación para brindar señales firmes a quienes invierten en renovables. La iniciativa propone mantener esos beneficios hasta finales de 2045.
Entre otras cuestiones, se propone suprimir la obligatoriedad de recurrir a CAMMESA para la compra de energía renovable por grandes usuarios y habilitar la contratación directa con generadores o comercializadores, además de posibilitar la autogeneración.
El proyecto promueve también que las inversiones se distribuyan geográficamente y se implementen con diversas tecnologías. Prevé, además, la adopción de medición inteligente y sistemas de gestión de demanda, con el fin de aprovechar el potencial renovable del país.
Otro elemento que incorpora el proyecto es que existan definiciones detalladas en la normativa con el objetivo de reducir espacios de litigiosidad. El texto busca asegurar que los derechos adquiridos bajo el régimen actual estén protegidos, y brindar así mayor certidumbre jurídica.
La iniciativa cuenta con respaldo de legisladores del oficialismo y representantes del sector. En paralelo, forma parte de una estrategia gubernamental orientada a desregular el mercado eléctrico mayorista, con privatizaciones y apertura que, según lo previsto, entrarán en vigor en noviembre de 2025.
El nuevo proyecto se inscribe en un marco más amplio que, desde la Ley 25.019 de 1998 y la Ley 26.190 de 2006, ha proyectado el desarrollo de renovables. Con la sanción de la Ley 27.191 en 2015, se fijó una meta de energía renovable del 20 % para 2025, junto a un régimen de estabilidad fiscal que, hasta hoy, impulsó la instalación de unos 6 500 MW renovables, lo que representa el 18 % de la demanda eléctrica, con inversiones acumuladas que superan los 7 500 millones de dólares, y otros 4 500 millones en curso.
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