La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), representada por su directora ejecutiva Ana Lía Rojas, presentó su posición ante la Comisión de Hacienda del Senado sobre el proyecto de ley del gobierno chileno que originalmente proponía financiar la ampliación del subsidio eléctrico con aportes de los pequeños medios de generación distribuida (PMGD), ya modificado, y ahora establece un financiamiento fiscal. Rojas sostuvo que un subsidio con estas características precisa certeza jurídica y estabilidad en los precios de la energía para todos los consumidores, por lo que debe ser financiado con recursos fiscales. Esto evitará que se trasladen costos al sector eléctrico, lo que a largo plazo podría aumentar la volatilidad del mercado y el costo para los usuarios finales, precisó.
La asociación valoró la corrección parcial del principio de autocontención, que había implicado la aplicación de cargos a canales privados, entre ellos pequeñas generaciones distribuidas y contratos intervenidos de generadores con distribuidoras. Eliminando esos mecanismos, se reduce el riesgo de precedentes que puedan afectar otras industrias y se fortalece la confianza de inversionistas.
Acera respaldó su postura en un análisis técnico elaborado por la consultora Vinken, asociada a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que concluye que con los recursos fiscales actuales es posible financiar el subsidio para toda la población postulante, incluyendo sistemas medianos, personas electrodependientes y Servicios Sanitarios Rurales (SSR) o Agua Potable Rural (APR).
En ese contexto, la asociación apoyó la eliminación de la llamada “Bolsa PyMe”, un mecanismo que modificaba contratos de mercado regulado para financiar el subsidio, pues su experiencia internacional indica que modificar contratos o recurrir a subsidios indirectos genera distorsiones y sobrecostos. En cambio, se propone que la incorporación de SSR y APR al subsidio sea directa y financiada íntegramente con recursos recaudados por el Estado.
Respecto al impuesto a las emisiones, Acera indicó que si bien se compromete una revisión metodológica a través de una mesa técnica con plazos definidos, esta discusión debe darse en el marco de una reforma tributaria mayor y no dentro del proyecto específico del subsidio eléctrico.
Finalmente, Ana Lía Rojas destacó que este nuevo diseño representa un avance hacia un subsidio más eficiente y con financiamiento fiscal ampliable, que cumple un objetivo social manteniendo estabilidad regulatoria y certeza jurídica, elementos esenciales para disminuir riesgos y asegurar precios competitivos para hogares e industria nacional en Chile.
Con la propuesta fiscal y focalizada, se busca atender a cerca de 2 millones de hogares al 2025, asegurar su acceso a un descuento efectivo en sus cuentas eléctricas sin afectar la percepción de riesgo ni la inversión necesaria en el sector eléctrico, y mantener equidad y protección para los sectores más vulnerables.
El proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico en Chile se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado, específicamente en la Comisión de Hacienda. Esta Comisión está discutiendo actualmente la iniciativa que busca financiar el subsidio con recursos fiscales, eliminando cargos a los PMGD y contratos intervenidos que generaban distorsiones.
La Comisión de Minería y Energía del Senado ya aprobó previamente la ampliación del subsidio con financiamiento fiscal y rechazó que este se financie con aportes de los PMGD, decisión que ahora está siendo analizada por la Comisión de Hacienda para avanzar en su aprobación definitiva.
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