El Decreto 450/2025, publicado en el Boletín Oficial, introduce adecuaciones a la Ley 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y a la Ley 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico). La medida establece un nuevo escenario normativo para el sector eléctrico, con el objetivo de promover la competencia, la eficiencia y la participación privada en la generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Entre los principales cambios, el decreto habilita la importación y exportación de electricidad bajo reglas claras, permitiendo la celebración de contratos directos entre generadores y grandes usuarios. Los usuarios finales podrán elegir libremente a su proveedor de energía. Además, se establece la obligación de que las facturas reflejen únicamente los bienes y servicios efectivamente prestados, sin cargos ajenos ni tributos locales adicionales.
El texto legal incorpora la figura de los almacenistas y usuarios generadores como nuevos actores del mercado eléctrico, lo que amplía las posibilidades para la integración de soluciones de almacenamiento y generación distribuida, incluyendo proyectos fotovoltaicos de autoconsumo y almacenamiento a gran escala. También se redefine la categoría de los comercializadores, alineando la regulación con prácticas reconocidas en el sector.
Respecto a la infraestructura, el decreto facilita la participación privada en la ampliación del sistema de transporte eléctrico, permitiendo que los concesionarios puedan trasladar tarifas bajo determinadas condiciones. Se prevé un período de transición de 24 meses para la adecuación de la normativa complementaria y la reglamentación de los cambios introducidos.
Para los proyectos fotovoltaicos, la reforma habilita nuevas oportunidades de comercialización directa y acceso al mercado mayorista, así como la posibilidad de incorporar sistemas de almacenamiento y de participar como usuarios generadores. Las adecuaciones buscan garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad para las inversiones en generación renovable y tecnologías asociadas.
Durante el período de transición, la Secretaría de Energía será responsable de dictar las normas necesarias para la implementación gradual y ordenada de la reforma, asegurando la adaptación de los agentes del mercado y la actualización de los procedimientos de contratación y operación del sistema eléctrico nacional.
Finalmente, la reforma normativa se orienta a consolidar el régimen federal de energía eléctrica, preservando la primacía del marco regulatorio nacional sobre las disposiciones locales y facilitando la libre circulación de la energía en todo el territorio argentino.
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