Un juzgado de Bolivia ha ordenado la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de dos contratos para la industrialización de litio gestionados por el Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, con empresas de Rusia y China. La medida también instruye a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos a abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa relacionada con estos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso judicial.
El Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de la localidad de Colcha K, en el departamento de Potosí, así ha respondido a la acción popular presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez bajo la advocación de la defensa del medioambiente y de los derechos indígenas de más de 50 comunidades que habitan la región próxima al salar de Uyuni.
En septiembre de 2024, YLB y la empresa rusa Uranium One firmaron un contrato para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, a partir de la utilización de tecnología de extracción directa de litio (EDL) y una inversión superior a 970 millones de dólares.
Dos meses después, YLB firmó un contrato con la empresa china Hong Kong CBC para el desarrollo de dos plantas de producción de carbonato de litio, con capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, respectivamente, también con tecnología EDL y una inversión de 1.030 millones de dólares.
Ambos contratos fueron remitidos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Sin embargo, legisladores y analistas en temas energéticos y ambientales denunciaron que los acuerdos no resultaban beneficiosos para el país, no se socializaron con las comunidades afectadas y habrían sido aprobados mediante sobornos. Estas críticas se sumaron a la solicitud de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez de realizar estudios ambientales con participación comunitaria y de implementar procesos de consulta previa.
La diputada de oposición Lissa Claros advirtió que, aunque los contratos no habían sido aprobados formalmente, algunas operaciones ya se habían iniciado sin autorización.
El fallo judicial paraliza tanto los trabajos de operación de las empresas internacionales en los salares de Uyuni como el tratamiento legislativo de los contratos. Claros subrayó que no se puede continuar con operaciones en los salares sin un estudio de impacto ambiental.
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