La reforma del sector eléctrico avanza con una propuesta que circula entre los actores de la industria. Entre las disposiciones está la apertura del mercado de energía para todos los consumidores a partir de 2028 y el fin de los descuentos para el consumo de fuentes renovables, incluyendo la autoproducción, después del final de los contratos actuales. Si se envía al Congreso, el texto podría sufrir modificaciones.
Según el borrador, la elección del suministrador de electricidad será libre para los consumidores con tensión inferior a 2,3 kV a partir del 1 de marzo de 2027, en el caso de los consumidores industriales y comerciales, y a partir del 1 de marzo de 2028, para el resto de consumidores.
Además, los planes también flexibilizarían, a través de la regulación, la obligación de los consumidores de contratar energía para satisfacer toda su carga, actualmente sujeta a sanciones por incumplimiento. Al mismo tiempo, crea la figura del suministrador de último recurso, que se encargaría de garantizar el suministro continuo de electricidad, cuyas reglas de ejercicio deberán ser definidas por la autoridad concedente antes del 1 de julio de 2026.
Fin de los descuentos y cambios en la autoproducción de renovables en el mercado libre
La producción y el consumo de energía de centrales hidroeléctricas de hasta 5 MW y de centrales solares, eólicas, térmicas de biomasa y de cogeneración cualificada con capacidad entre 30 MW y 300 MW tienen un descuento del 50% sobre las tarifas de uso de los sistemas de transmisión y distribución eléctrica, ya sea para comercialización o autoproducción, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 9.427 de 1996.
El proyecto de reforma propone que estos descuentos se apliquen exclusivamente hasta la fecha de finalización del contrato vigente. También prohíbe la aplicación de descuentos a los consumidores a través de modificaciones contractuales o cláusulas de duración indefinida, contratos no registrados en la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE) o contratos registrados después de treinta días de la publicación de la nueva ley. Además, el texto del proyecto de ley también prohibiría la aplicación de los descuentos de la DTU de estas centrales a los consumidores servidos exclusivamente a una tensión igual o inferior a 2,3 kV.
Autoproducción por equivalencia más restringida
El anteproyecto de ley de reforma del sector eléctrico también restringe los supuestos en los que los consumidores pueden equipararse a los autoproductores, equiparando ahora sólo a la unidad de consumo con demanda contratada agregada igual o superior a 30 MW que participe en el capital social de la sociedad concesionaria.
En el caso de que las acciones sin voto emitidas por la sociedad concesionaria otorguen a los accionistas derechos económicos superiores a los de las acciones con voto, la participación mínima del grupo económico de cada accionista deberá ser al menos del 30% del capital social total de dicha sociedad.
Según el anteproyecto propuesto, estos límites a la demanda contratada y al capital social no se aplicarían a las unidades de consumo que ya se hayan equiparado a la autoproducción o que hayan presentado una solicitud de aprobación de un acto de concentración económica ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica antes de la fecha de publicación de la ley.
El modelo de autoproducción por igualación motivó la mayoría de las transacciones en el segmento de generación solar centralizada en 2024 y fue criticado por el Ministro de Minas y Energía.
Cambios en las tarifas energéticas
El borrador también establece cambios en el prorrateo de las tarifas aplicadas a los consumidores libres y cautivos. Las tarifas energéticas de Angra 1 y 2, por ejemplo, serían prorrateadas por todos los consumidores de energía, incluidos los del mercado libre, excepto los consumidores residenciales de bajos ingresos. Actualmente, las pagan todos los consumidores cautivos.
Las familias de renta baja también se beneficiarían de la creación de una tarifa social, que concede tarifas gratuitas en casos de consumo de hasta 80 kWh al mes. La medida podría beneficiar a unos 17 millones de familias, de las cuales 4,5 millones verían completamente eliminada su factura de electricidad. A las familias con ingresos entre medio y un salario mínimo per cápita se les concedería un descuento social, con exención de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) para consumos de hasta 120 kWh al mes.
Además, determina que los efectos financieros de la sobrecontratación o la exposición involuntaria por parte de las distribuidoras se repartirán entre todos los consumidores a través de un cargo tarifario.
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