La semana pasada, el Ministerio de Minas y Energía de Brasil (MME) presentó una propuesta legislativa para reformar el sector eléctrico brasileño. La propuesta se centra en tres ejes: justicia tarifaria, libertad de elección para los consumidores y reequilibrio de la estructura de costos entre los diferentes perfiles de usuarios. La propuesta deberá enviarse al Congreso en los próximos meses.
Tarifa social más amplia
Entre los aspectos más destacados figura la creación de una nueva Tarifa Social, que prevé la gratuidad de las tarifas en los casos de consumo de hasta 80 kWh al mes para las familias con rentas bajas. La medida podría beneficiar a unos 17 millones de familias, de las cuales 4,5 millones verían anulada por completo su factura de electricidad. Para las familias con renta ligeramente superior -entre medio y un salario mínimo per cápita- se concedería un descuento social, con exención de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) para consumos de hasta 120 kWh al mes.
Según el MME, el objetivo es simplificar las normas actuales, consideradas complejas y anticuadas, y garantizar el acceso a la electricidad como derecho básico. El costo estimado de las medidas es de 3.600 millones de reales (620 millones de dólares) al año, que se repartirán entre los demás consumidores regulados, generando un impacto medio del 0,9% en las facturas de electricidad.
Apertura total del mercado
Otro aspecto importante de la propuesta es la apertura total del mercado eléctrico, prevista en dos etapas: a partir de marzo de 2027 para industrias y comercios, y a partir de marzo de 2028 para los demás consumidores. La medida permitirá a cualquier ciudadano elegir a su proveedor de energía, en un modelo similar al adoptado en telecomunicaciones.
Para hacer viable el cambio, el Gobierno propone la creación de nuevos mecanismos, como tarifas flexibles (prepago, binomio u horario), un Suministrador de Último Recurso que garantice el suministro en caso de quiebra de las comercializadoras, y cargos para cubrir los posibles costos operativos de las distribuidoras.
Distribución de las tarifas
El tercer eje de la reforma pretende corregir las distorsiones en el reparto de las tarifas entre los consumidores de los mercados libre y regulado. Entre las medidas propuestas figuran el reparto equitativo de la energía generada por las centrales nucleares de Angra 1 y 2, la tarificación proporcional de la CDE en función del consumo total (y no del nivel de tensión) y el fin de las subvenciones cruzadas entre clases de consumidores.
El proyecto de ley también propone restringir el uso indebido del modelo de autoproducción de energía, que ha sido utilizado por grandes empresas para reducir las tarifas, a menudo sin cumplir los requisitos originales de la legislación.
El texto también prevé medidas para desbloquear el pago de deudas en el Mercado a Corto Plazo (MCP) y el mantenimiento de descuentos para el regadío y la acuicultura en momentos puntuales.
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