La fotovoltaica en el mundo: Grecia

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Grecia celebró dos licitaciones de energía fotovoltaica el pasado 10 de diciembre. El primero se refería a proyectos de hasta 1 MW y el segundo a proyectos de hasta 20 MW. El mismo día tuvo lugar una tercera licitación para proyectos de energía eólica de 3 MW a 50 MW cada uno.

La primera subasta atrajo 3.907 ofertas en línea de 192 proyectos diferentes, lo que habría supuesto la adjudicación de 61.943 MW de nueva capacidad.

Las 95 instalaciones solares ganadoras han recibido unas tarifas que oscilan entre 63 y 68,99 €/MWh, con un precio medio ponderado de 66,66 €/MWh. La última licitación fotovoltaica de Grecia en julio adjudicó proyectos con un precio medio ponderado de 78,42 €/MWh. Por lo tanto, la competencia fue fuerte esta vez, resultando en tarifas más bajas cercanas a los precios de otros lugares de Europa.

Todos los proyectos, ya reciban una FIT o una tarifa fija regulada, tienen garantizados sus precios durante 20 años.

El 10 de diciembre también tuvo lugar una segunda licitación fotovoltaica para proyectos de más de 1 MW. Se presentaron 12 proyectos fotovoltaicos que sumaron un total de 86 MW con precios que oscilaron entre 63 € y 71,91 €/MWh.

En la subasta de julio, el precio medio ponderado fue de 63,81 €/MWh.

No obstante, el regulador griego (RAE) se dio cuenta de que 13 proyectos de Spes Solaris Solaris Solar Concept ltd y otros dos proyectos de Spec Solaris Tria ltd no presentaron ofertas en la licitación.

Parece que la RAE consideró que la práctica de participar en la licitación pero sin presentar una oferta, era manipuladora y contraria a la competencia. Por lo tanto, ha decidido cancelar la subasta y ha ordenado que se repita el año próximo. En enero se anunciará la fecha de la nueva licitación.

La oferta de Grecia tiene una norma estricta de participación mínima: las ofertas de las licitaciones deben superar en al menos el 75 % la capacidad adjudicada. RAE argumenta que si hubiera sabido que 65,33 MW de proyectos no participarían en la licitación, debería haber reducido la cantidad de capacidad licitada. Por consiguiente, una menor capacidad licitada habría desencadenado una mayor competencia, lo que habría dado lugar a una licitación más agresiva y, en última instancia, a una reducción de los precios que debe pagar el consumidor. El papel institucional de la RAE es proteger al consumidor.