El Tribunal Supremo va a encargar sendos informes a un perito industrial especialista en Electricidad y a un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales sobre la rentabilidad de cinco instalaciones fotovoltaicas realizadas bajo el Real Decreto 661/2007 en el marco de la resolución de recursos en los que se solicitan indeminizaciones por los recortes introducidos por el gobierno. En concreto, los informes analizarán la rentabilidad desde su puesta en operación hasta el recorte de las horas retribuidas a tarifa fotovoltaica introducido con el Real Decreto Ley 14/2010, la rentabilidad en los años 2011, 2012 y 2013 así como la rentabilidad tras el último recorte introducido el año pasado, el cual supone la eliminación del esquema de tarifa y su sustitución por un nuevo esquema de retribución. Las empresas que recurren son Imedexa, dos instalaciones del Parque Fotovoltaico Apolo II, Arroyo del Moro, parcela 59 y 25 del Polígono 17 de Albacete así como C15 Huerto Solar de la Castra. Según informa el Tribunal Supremo en un comunicado, este paso se considera imprescindible para la resolución del litigio. (Redacción)
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