Bruselas expedienta a España e Italia por su política renovable

La Comisión Europea (CE) ha advertido a España e Italia que emprenderá medidas si no acatan la política renovable de la Unión Europea. En un comunicado con fecha de ayer, 26 de septiembre, la CE ha requerido oficialmente a los dos estados miembros el "tomar medidas para asegurar y garantizar el pleno cumplimiento de la normativa europea en materia de energías renovables".
La CE ha remitido al gobierno de ambos países un "informe motivado", segundo paso en el proceso de expediente de infracción, por no haber informado de la completa transposición de la Directiva renovable 2009/28/EC a sus legislaciones nacionales. Ambos estados han sobrepasado en más de 1.000 días la fecha límite establecida de 5 de diciembre de 2010. La directiva exige el establecimiento de medidas que garanticen el cumplimiento de la cuotas nacionales marcadas (20 por ciento España y 17 por ciento Italia) para alcanzar el objetivo de que en 2020 el 20 por ciento del consumo energético de la Unión Europea tenga origen renovable. Entre ellas, resalta el comunicado, el mejorar el acceso a la red de la electricidad procedente de fuentes renovables, los procedimientos administrativos y de planificación, así como la información y entrenamiento de los instaladores.
Si España e Italia no cumplen con su obligación legal en "un plazo de dos meses", la Comisión avisa a los dos países de que puede decidir remitirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De iniciarse el procedimiento contencioso y dictaminarse que efectivamente ha habido incumplimiento, Italia y España se verán obligadas a adoptar inmediatamente las medidas necesarias para ponerle fin o serán multadas.
Además de tener impuesta una moratoria renovable desde 2012, España está pendiente de ratificar en el Parlamento una reforma energética que ha suscitado gran polémica. Se pretende sustituir el anterior sistema de primas por una rentabilidad sobre la inversión durante toda la vida útil de las instalaciones, cuyos parámetros tipo aún no se han definido, así como implementar un peaje por la electricidad autoproducida y autoconsumida. Los colectivos renovables han denunciado en numerosas ocasiones que la política energética del gobierno no solo ha exterminado el tejido industrial, sino que además aleja a España del cumplimiento de los objetivos renovables contraídos con Europa.
Estos dos últimos dictámenes se suman a otros 17 procedimientos similares contra Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslovenia, Letonia y Holanda. (Redacción)