La Superintendencia de Electricidad (SIE) aprobó un nuevo Reglamento de Generación Distribuida que redefine las condiciones técnicas, económicas y administrativas para la instalación de sistemas fotovoltaicos y otras fuentes renovables en el país. La normativa SIE-007-2026-REG, que entrará en vigor a finales de mayo, sustituye el esquema anterior con el objetivo de agilizar trámites, ampliar derechos de los usuarios y asegurar la sostenibilidad operativa de las redes.
El regulador fundamenta la actualización en la creciente penetración de renovables y en el aumento de usuarios que se convierten en prosumidores. De cara a 2030, la República Dominicana proyecta que las energías renovables representen cerca del 30 % de la matriz eléctrica nacional, escenario que exige reglas compatibles con mayores niveles de generación distribuida.
Entre los cambios centrales figura la digitalización del proceso de solicitud y aprobación. El plazo máximo de respuesta se fija en 45 días, frente a los hasta cuatro meses que podía demorar el esquema anterior. Si la distribuidora no responde dentro de ese período, la solicitud se considerará aprobada automáticamente. Además, las empresas deberán presentar, dentro de los 30 días laborables posteriores a la entrada en vigor del reglamento, un plan para habilitar plataformas digitales de seguimiento.
La norma elimina el tope de 15 % de penetración por circuito, siempre que los nuevos proyectos presenten estudios de capacidad que garanticen la seguridad y estabilidad de la red. También establece que el medidor bidireccional será instalado sin costo para el usuario; quienes opten por adquirirlo por cuenta propia recibirán reembolso.
En materia de compensación, el reglamento dispone que las distribuidoras retribuyan el 100 % de la energía acumulada durante el año por los usuarios que inyecten excedentes, frente al 75 % previsto en la regulación previa. Los clientes que no deseen inyectar podrán declararlo formalmente mediante constancia de no inyección.
Finalmente, se introduce un cargo por derecho de uso de red aplicable únicamente a nuevos proyectos con demanda menor a 10 kW o a contratos vigentes que alcancen su vencimiento. Según la SIE, esta medida busca equilibrar el desarrollo de la generación distribuida con la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.
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